Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Artículo 108 Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Municipios y sus entidades, así como los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan respectivamente, los Poderes, organismos autónomos y Municipios, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 113 fracción IV y 114 de esta Constitución.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas mediante convocatoria abierta, para que libremente se presenten proposiciones solventes en pliego o sobre cerrado, que será abierto públicamente, con el fin de procurar imparcialidad a los licitantes y asegurar al Estado y a los Municipios las mejores condiciones disponible s en cuanto a oferta, precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Las leyes limitarán los supuestos de excepción a las licitaciones públicas, establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos idóneos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y los Municipios, y determinarán la responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en cualquier acto de adjudicación y contratación.

El manejo de los recursos federales y estatales por los Poderes, organismos autónomos, Municipios y sus entidades, se sujetará a lo dispuesto por este artículo y a las leyes de la materia. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal

Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable;

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

Artículo 69. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares.

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

2. Los nombres de los participantes o invitados;

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;

6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;

7. El contrato y, en su caso, sus anexos;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;

13. El convenio de terminación, y

14. El finiquito;

b) De las adjudicaciones directas:

1. La propuesta enviada por el participante;

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

3. La autorización del ejercicio de la opción;

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos;

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

10. El convenio de terminación, y

11. El finiquito;

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Áreas: Instancias de los sujetos obligados previstas en los respectivos reglamentos interiores, estatutos orgánicos o instrumentos equivalentes, que cuentan o puedan contar, dar tratamiento, y ser responsables o encargadas de los datos personales;

II. Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o en cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos;

III. Bases de datos: Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona física identificada o identificable, condicionados a criterios determinados, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización;

IV. Bloqueo: La identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base de datos que corresponda;

V. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

VI. Cómputo en la nube: Modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo demanda, que implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa informático, distribuido de modo flexible, mediante procedimientos virtuales, en recursos compartidos dinámicamente;

VII. Consejo Nacional: Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a que se refiere el artículo 32 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

VIII. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos;

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual;

XI. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales;

XII. Días: Días hábiles;

XIII. Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo;

XIV. Documento de seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que posee;

XV. Encargado: La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del responsable, que sola o conjuntamente con otras trate datos personales a nombre y por cuenta del responsable;

XVI. Evaluación de impacto en la protección de datos personales: Documento mediante el cual los sujetos obligados que pretendan poner en operación o modificar políticas públicas, programas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, valoran los impactos reales respecto de determinado tratamiento de datos personales, a efecto de identificar y mitigar posibles riesgos relacionados con los principios, deberes y derechos de los titulares, así como los deberes de los responsables y encargados, previstos en la normativa aplicable;

XVII. Fuentes de acceso público: Aquellas bases de datos, sistemas o archivos que por disposición de ley puedan ser consultadas públicamente cuando no exista impedimento por una norma limitativa y sin más exigencia que, en su caso, el pago de una contraprestación, tarifa o contribución. No se considerará fuente de acceso público cuando la información contenida en la misma sea obtenida o tenga una procedencia ilícita, conforme a las disposiciones establecidas por la presente Ley y demás normativa aplicable;

XVIII. Instituto: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual es el organismo garante de la Federación en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados;

XIX. Medidas compensatorias: Mecanismos alternos para dar a conocer a los titulares el aviso de privacidad, a través de su difusión por medios masivos de comunicación u otros de amplio alcance;

XX. Medidas de seguridad: Conjunto de acciones, actividades, controles o mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los datos personales;

XXI. Medidas de seguridad administrativas: Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la identificación, clasificación y borrado seguro de la información, así como la sensibilización y capacitación del personal, en materia de protección de datos personales;

XXII. Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para proteger el entorno físico de los datos personales y de los recursos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:

a) Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información;

b) Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la organización, recursos e información;

c) Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o electrónico que pueda salir de la organización, y

d) Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un mantenimiento eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad;

XXIII. Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital de los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:

a) Prevenir que el acceso a las bases de datos o a la información, así como a los recursos, sea por usuarios identificados y autorizados;

b) Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las actividades que requiere con motivo de sus funciones;

c) Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, desarrollo y mantenimiento del software y hardware, y

d) Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de los recursos informáticos en el tratamiento de datos personales;

XXIV. Organismos garantes: Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales, en términos de los artículos 6o. y 116, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XXV. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el artículo 49 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

XXVI. Programa Nacional de Protección de Datos Personales: Programa Nacional de Protección de Datos Personales;

XXVII. Remisión: Toda comunicación de datos personales realizada exclusivamente entre el responsable y encargado, dentro o fuera del territorio mexicano;

XXVIII. Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley que deciden sobre el tratamiento de datos personales;

XXIX. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

XXX. Supresión: La baja archivística de los datos personales conforme a la normativa archivística aplicable, que resulte en la eliminación, borrado o destrucción de los datos personales bajo las medidas de seguridad previamente establecidas por el responsable;

XXXI. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales;

XXXII. Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, del responsable o del encargado;

XXXIII. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales, y

XXXIV. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 4. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.

Artículo 25. El responsable sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.

Artículo 26. El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de privacidad, la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto.

Por regla general, el aviso de privacidad deberá ser difundido por los medios electrónicos y físicos con que cuente el responsable.

Para que el aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su función de informar, deberá estar redactado y estructurado de manera clara y sencilla.

Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, de manera directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, el responsable podrá instrumentar medidas compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Artículo 27. El aviso de privacidad a que se refiere el artículo 3, fracción II, se pondrá a disposición del titular en dos modalidades: simplificado e integral. El aviso simplificado deberá contener la siguiente información:

I. La denominación del responsable;

II. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del titular;

III. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá informar:

a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales, y

b) Las finalidades de estas transferencias;

IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular, y

V. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.

La puesta a disposición del aviso de privacidad al que refiere este artículo no exime al responsable de su obligación de proveer los mecanismos para que el titular pueda conocer el contenido del aviso de privacidad al que se refiere el artículo siguiente.

Los mecanismos y medios a los que se refiere la fracción IV de este artículo, deberán estar disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para las finalidades o transferencias que requieran el consentimiento del titular, previo a que ocurra dicho tratamiento.

Artículo 28. El aviso de privacidad integral, además de lo dispuesto en las fracciones del artículo anterior, al que refiere la fracción V del artículo anterior deberá contener, al menos, la siguiente información:

I. El domicilio del responsable;

II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos que son sensibles;

III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento;

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del titular;

V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO;

VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia, y

VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad.

Artículo 43. En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el presente Título. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro.

Artículo 44. El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento.

Artículo 45. El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o corrección de sus datos personales, cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados.

Artículo 46. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último.

Artículo 47. El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese en el mismo, cuando:

I. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular, y

II. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento.

Artículo 48. La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO que se formulen a los responsables, se sujetará al procedimiento establecido en el presente Título y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Artículo 49. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante.

El ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su representante, será posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por disposición legal, o en su caso, por mandato judicial.

En el ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad, de conformidad con las leyes civiles, se estará a las reglas de representación dispuestas en la misma legislación.

Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la persona que acredite tener un interés jurídico, de conformidad con las leyes aplicables, podrá ejercer los derechos que le confiere el presente Capítulo, siempre que el titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto.

Artículo 50. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, conforme a la normatividad que resulte aplicable.

Para efectos de acceso a datos personales, las leyes que establezcan los costos de reproducción y certificación deberán considerar en su determinación que los montos permitan o faciliten el ejercicio de este derecho.

Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir los datos personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a éste.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del titular.

El responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes del ejercicio de los derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo al titular.

Artículo 51. El responsable deberá establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud.

El plazo referido en el párrafo anterior podrá ser ampliado por una sola vez hasta por diez días cuando así lo justifiquen las circunstancias, y siempre y cuando se le notifique al titular dentro del plazo de respuesta.

En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta al titular.

Artículo 52. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse mayores requisitos que los siguientes:

I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;

II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su representante;

III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la solicitud;

IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;

V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y

VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso.

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad requerida por el titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir los datos personales en dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los datos personales fundando y motivando dicha actuación.

En caso de que la solicitud de protección de datos no satisfaga alguno de los requisitos a que se refiere este artículo, y el Instituto o los organismos garantes no cuenten con elementos para subsanarla, se prevendrá al titular de los datos dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la notificación.

Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto, o en su caso, los organismos garantes, para resolver la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO.

Con relación a una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus datos personales en los archivos, registros o bases de datos del responsable.

En el caso de la solicitud de oposición, el titular deberá manifestar las causas legítimas o la situación específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de oposición.

Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán presentarse ante la Unidad de Transparencia del responsable, que el titular considere competente, a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto y los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias.

El responsable deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO y entregar el acuse de recibo que corresponda.

El Instituto y los Organismos garantes, según corresponda, podrán establecer formularios, sistemas y otros métodos simplificados para facilitar a los titulares el ejercicio de los derechos ARCO.

Los medios y procedimientos habilitados por el responsable para atender las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán ser de fácil acceso y con la mayor cobertura posible considerando el perfil de los titulares y la forma en que mantienen contacto cotidiano o común con el responsable.

Artículo 53. Cuando el responsable no sea competente para atender la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento del titular dicha situación dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, y en caso de poderlo determinar, orientarlo hacia el responsable competente.

En caso de que el responsable declare inexistencia de los datos personales en sus archivos, registros, sistemas o expediente, dicha declaración deberá constar en una resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de los datos personales.

En caso de que el responsable advierta que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO corresponda a un derecho diferente de los previstos en la presente Ley, deberá reconducir la vía haciéndolo del conocimiento al titular.

Artículo 54. Cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá informar al titular sobre la existencia del mismo, en un plazo no mayor a cinco días siguientes a la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, a efecto de que este último decida si ejerce sus derechos a través del trámite específico, o bien, por medio del procedimiento que el responsable haya institucionalizado para la atención de solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO conforme a las disposiciones establecidas en este Capítulo.

Artículo 55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente son:

I.Cuando el titular o su representante no estén debidamente acreditados para ello;

II.Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable;

III.Cuando exista un impedimento legal;

IV.Cuando se lesionen los derechos de un tercero;

V.Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas;

VI.Cuando exista una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a los datos personales o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos;

VII.Cuando la cancelación u oposición haya sido previamente realizada;

VIII.Cuando el responsable no sea competente;

IX.Cuando sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del titular;

X.Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por el titular;

XI.Cuando en función de sus atribuciones legales el uso cotidiano, resguardo y manejo sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, o

XII.Cuando los datos personales sean parte de la información que las entidades sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan proporcionado a éste, en cumplimiento a requerimientos de dicha información sobre sus operaciones, organización y actividades.

En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar al titular el motivo de su determinación, en el plazo de hasta veinte días a los que se refiere el primer párrafo del artículo 51 de la presente Ley y demás disposiciones aplicables, y por el mismo medio en que se llevó a cabo la solicitud, acompañando en su caso, las pruebas que resulten pertinentes.

Artículo 56. Contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO o por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición del recurso de revisión a que se refiere el artículo 94 de la presente Ley.

Artículo 6. Toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales. El Estado mexicano deberá garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información contenida en los archivos, así como fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la Nación.

Artículo 12. Los sujetos obligados deberán mantener los documentos contenidos en sus archivos en el orden original en que fueron producidos, conforme a los procesos de gestión documental que incluyen la producción, organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición documental y conservación, en los términos que establezcan el Consejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables.

Los órganos internos de control y sus homólogos en la federación y las entidades federativas, vigilarán el estricto cumplimiento de la presente Ley, de acuerdo con sus competencias e integrarán auditorías archivísticas en sus programas anuales de trabajo.

Artículo 13. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de control y de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; y contarán al menos con los siguientes:

I. Cuadro general de clasificación archivística;

II. Catálogo de disposición documental, y

III. Inventarios documentales.

La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los niveles de fondo, sección y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que existan niveles intermedios, los cuales, serán identificados mediante una clave alfanumérica.

Artículo 14. Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, los sujetos obligados deberán contar y poner a disposición del público la Guía de archivo documental y el Índice de expedientes clasificados como reservados a que hace referencia la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en el ámbito federal y de las entidades federativas.

ARTÍCULO 5 Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

I.- Áreas: Instancias de los Responsables previstas en los respectivos reglamentos interiores, estatutos orgánicos o instrumentos equivalentes, que cuentan con facultades y/o atribuciones para dar Tratamiento a los Datos Personales;

II.- Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el Responsable, que es puesto a disposición Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla 11 del Titular con el objeto de informarle las características principales del Tratamiento al que serán sometidos sus Datos Personales;

III.- Bases de Datos: Conjunto ordenado de Datos Personales referentes a una persona física identificada o identificable, condicionado a criterios determinados que permitan su Tratamiento, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización;

IV. Bloqueo: La identificación y conservación de Datos Personales una vez cumplida la finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su Tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho periodo, los Datos Personales no podrán ser objeto de Tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la Base de Datos que corresponda;

V. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla;

VI. Cómputo en la Nube: Modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo demanda, que implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa informático, distribuido de modo flexible, mediante procedimientos virtuales, en recursos compartidos dinámicamente;

VII. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del Titular, mediante la cual autoriza el Tratamiento de sus Datos Personales;

VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas;

IX. Datos Personales Sensibles: Aquéllos que se refieren a la esfera más íntima de su Titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Se consideran sensibles, de manera enunciativa mas no limitativa, los Datos Personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud pasado, presente o futuro, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, datos genéticos o datos biométricos;

X. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación y cancelación de Datos Personales, así como la oposición al Tratamiento de los mismos;

XI. Días: Días hábiles;

XII. Disociación: El procedimiento mediante el cual los Datos Personales no pueden asociarse al Titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo;

XIII. Documento de Seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el Responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los Datos Personales que posee;

XIV. Encargado: Prestador de servicios, que con el carácter de persona física o jurídica pública o privada, ajena a la organización del Responsable, trata Datos Personales a nombre y por cuenta de éste;

XV. Evaluación de impacto en la protección de Datos Personales: Documento mediante el cual se valoran y determinan los impactos reales respecto de determinado Tratamiento de Datos Personales, a efecto de identificar, prevenir y mitigar posibles riesgos que puedan comprometer el cumplimiento de los principios, deberes, derechos y demás obligaciones previstas en la presente Ley y normativa aplicable en la materia;

XVI. Fuentes de Acceso Público: Aquellas bases de datos, sistemas o archivos que puedan ser consultadas públicamente cuando no exista impedimento por una norma limitativa y sin más exigencia que, en su caso, el pago de una contraprestación, tarifa o contribución. No se considerará fuente de Acceso Público cuando la información contenida en la misma sea obtenida o tenga una procedencia ilícita, conforme a las disposiciones establecidas por la presente Ley y demás normativa aplicable;

XVII. Instituto Nacional: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales;

XVIII. Instituto de Transparencia: El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla;

XIX. Ley: A la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla;

XX. Ley General: A la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;

XXI. Ley General de Transparencia: A la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

XXII. Ley de Transparencia: A la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla;

XXIII. Medidas Compensatorias: Mecanismos alternos para dar a conocer a los Titulares el Aviso de Privacidad, a través de su difusión por medios masivos de comunicación u otros de amplio alcance;

XXIV. Medidas de Seguridad: Conjunto de acciones, actividades, controles o mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permitan garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los Datos Personales;

XXV. Medidas de Seguridad Administrativas: Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la seguridad de los Datos Personales a nivel organizacional, la identificación, clasificación y borrado seguro de los Datos Personales, así como la sensibilización y capacitación del personal en materia de protección de Datos Personales;

XXVI. Medidas de Seguridad Físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para proteger el entorno físico de los Datos Personales y de los recursos involucrados en su Tratamiento.

De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:

a) Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización del Responsable, sus instalaciones físicas, áreas críticas, recursos y Datos Personales;

b) Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la organización del Responsable, recursos y Datos Personales;

c) Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o electrónico que pueda salir de la organización del Responsable, y

d) Proveer a los equipos que contienen o almacenan Datos Personales de un mantenimiento eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad.

XXVII. Medidas de Seguridad Técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital de los Datos Personales y los recursos involucrados en su Tratamiento.

De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:

a) Prevenir que el acceso a los Datos Personales, así como a los recursos, sea por usuarios identificados y autorizados;

b) Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las actividades que requiere con motivo de sus funciones;

c) Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, desarrollo y mantenimiento del software y hardware, y

d) Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de los recursos informáticos en el Tratamiento de Datos Personales.

XXVIII. Plataforma Nacional: Plataforma Nacional de Transparencia a que se refiere el artículo 49 de la Ley General de Transparencia;

XXIX. Remisión: Toda comunicación de Datos Personales realizada exclusivamente entre el Responsable y Encargado, dentro o fuera del territorio mexicano;

XXX. Responsable: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos, a los Ayuntamientos y partidos políticos del Estado de Puebla, que decide y determina los fines, medios y demás cuestiones relacionadas con determinado Tratamiento de Datos Personales;

XXXI. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

XXXII. Supresión: La baja archivística de los Datos Personales conforme a la normativa archivística aplicable, que resulte en la eliminación, borrado o destrucción de los Datos Personales bajo las medidas de seguridad previamente establecidas por el Responsable;

XXXIII. Titular: A la persona física a quien hacen referencia o pertenecen los Datos Personales objeto del Tratamiento establecido en la presente Ley;

XXXIV. Transferencia: Toda comunicación de Datos Personales dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta del Titular, del Responsable o del Encargado;

XXXV. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos físicos o automatizados aplicados a los Datos Personales, relacionadas, de manera enunciativa mas no limitativa, con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, estructuración, adaptación, modificación, extracción, consulta, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, Transferencia y en general cualquier uso o disposición de Datos Personales, y

XXXVI. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

ARTÍCULO 6 La presente Ley será aplicable a cualquier Tratamiento de Datos Personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.

ARTÍCULO 32 El Responsable sólo deberá tratar los Datos Personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para las finalidades concretas, explícitas lícitas y legítimas que justifiquen su Tratamiento.

ARTÍCULO 33 El Responsable procurará realizar esfuerzos razonables para tratar los Datos Personales al mínimo necesario, con relación a las finalidades que motivan su Tratamiento.

ARTÍCULO 34 El Responsable deberá informar al Titular, a través del Aviso de Privacidad, la existencia y características principales del Tratamiento al que serán sometidos sus Datos Personales.

ARTÍCULO 35 El Aviso de Privacidad se pondrá a disposición del Titular en dos modalidades: simplificado e integral.

ARTÍCULO 36 El Aviso de Privacidad tendrá por objeto informar al Titular sobre los alcances y condiciones generales del Tratamiento, a fin de que esté en posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el uso de sus Datos Personales y, en consecuencia, mantener el control y disposición sobre ellos.

ARTÍCULO 37 El Aviso de Privacidad deberá caracterizarse por ser sencillo, con información necesaria, expresado en lenguaje claro y comprensible, y con una estructura y diseño que facilite su entendimiento.

En el Aviso de Privacidad queda prohibido:

I. Usar frases inexactas, ambiguas o vagas;

II. Incluir textos o formatos que induzcan al Titular a elegir una opción en específico;

III. Marcar previamente casillas, en caso de que éstas se incluyan para que el Titular otorgue su Consentimiento, y

IV. Remitir a textos o documentos que no estén disponibles para el Titular.

ARTÍCULO 38 El aviso simplificado deberá contener la siguiente información:

I. La denominación del Responsable;

II. Las finalidades del Tratamiento para las cuales se obtienen los Datos Personales, distinguiendo aquéllas que requieran el Consentimiento del Titular;

III. Cuando se realicen Transferencias de Datos Personales que requieran Consentimiento, se deberá informar:

a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o jurídicas de carácter privado a las que se transfieren los Datos Personales, y

b) Las finalidades de estas Transferencias.

IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el Titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales para finalidades y Transferencias de los mismos que requieren su Consentimiento, y

V. El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad integral.

Los mecanismos y medios a los que se refiere la fracción IV del presente artículo, deberán estar disponibles al Titular previo a que ocurra dicho Tratamiento.

La puesta a disposición del Aviso de Privacidad simplificado no exime al Responsable de su obligación de proveer los mecanismos para que el Titular pueda conocer el contenido del Aviso de Privacidad integral en un momento posterior.

ARTÍCULO 39 Además de lo dispuesto en el artículo anterior, el Aviso de Privacidad integral deberá contener, al menos, la siguiente información:

I. El domicilio del Responsable;

II. Los Datos Personales que serán sometidos a Tratamiento, identificando aquéllos que sean sensibles;

III. El fundamento legal que faculta expresamente al Responsable para llevar a cabo:

a) El Tratamiento de Datos Personales, y

b) Las Transferencias de Datos Personales que, en su caso, efectúe con autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o jurídicas de carácter privado.

IV. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos ARCO;

VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia, y

VII. Los medios a través de los cuales el Responsable comunicará a los Titulares los cambios al Aviso de Privacidad.

ARTÍCULO 40 El Responsable deberá poner a disposición del Titular el Aviso de Privacidad simplificado en los siguientes momentos: I. Cuando los Datos Personales se obtienen de manera directa del Titular previo a la obtención de los mismos, y II. Cuando los Datos Personales se obtienen de manera indirecta del Titular previo al uso o aprovechamiento de éstos. Las reglas anteriores, no eximen al Responsable de proporcionar al Titular el Aviso de Privacidad integral en un momento posterior, conforme a las disposiciones aplicables de la presente Ley

ARTÍCULO 61 En todo momento el Titular o su representante podrán solicitar al Responsable el acceso, rectificación, cancelación u oposición al Tratamiento de los Datos Personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el presente Título.

ARTÍCULO 62 Los Derechos ARCO son derechos independientes, por lo que no debe entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro.

ARTÍCULO 63 El Titular tendrá derecho de acceder a sus Datos Personales que obren en posesión del Responsable, así como a conocer la información relacionada con las condiciones, generalidades y particularidades de su Tratamiento.

ARTÍCULO 64 El Titular tendrá derecho a solicitar al Responsable la rectificación o corrección de sus Datos Personales, cuando éstos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados.

ARTÍCULO 65 El Titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus Datos Personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del Responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión.

ARTÍCULO 66 Cuando sea procedente el ejercicio del derecho de Cancelación, el Responsable deberá adoptar todas aquellas medidas razonables para que los Datos Personales sean suprimidos también por los terceros a quienes se les hubiere transferido.

ARTÍCULO 67 El Titular podrá oponerse al Tratamiento de sus Datos Personales o exigir que se cese en el mismo, cuando:

I. Exista una causa legítima y su situación específica así lo requiera, lo cual implica que aun siendo lícito el Tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al Titular, o

II. Sus Datos Personales sean objeto de un Tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento.

En el Tratamiento de Datos Personales a que se refiere la fracción II del presente artículo, el Responsable deberá informar al Titular sobre la existencia del mismo e incluir una evaluación o valoración humana que, entre otras cuestiones, contemple la explicación de la decisión adoptada por la intervención humana.

ARTÍCULO 2 Los sujetos obligados de esta Ley son:

I. El Poder Ejecutivo, sus Dependencias y Entidades;

II. El Poder Legislativo y cualquiera de sus Órganos;

III. El Poder Judicial y cualquiera de sus Órganos;

IV. Los Tribunales Administrativos, en su caso;

IV. Los Ayuntamientos, sus Dependencias y Entidades;

V. Los Órganos constitucional o legalmente autónomos;

VI. Los Partidos Políticos;

VII. Fideicomisos y fondos públicos, y

IX. Cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el estado y sus municipios.

ARTÍCULO 77 Los sujetos obligados deberán publicar, difundir y mantener actualizada y accesible en sus sitios web o en los medios disponibles de conformidad con el último párrafo del artículo 76, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la siguiente información:

XXVIII. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

2. Los nombres de los participantes o invitados;

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

4. El área solicitante y la responsable de su ejecución;

5. Los dictámenes y fallo de adjudicación;

6. El contrato y, en su caso, sus anexos;

7. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

8. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;

9. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;

10. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;

11. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;

12. El convenio de terminación, y

13. El finiquito.

b) De las adjudicaciones directas:

1. La propuesta enviada por el participante;

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

3. La autorización del ejercicio de la opción;

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos;

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

10. El convenio de terminación, y

11. El finiquito.

ARTÍCULO 30 Sin perjuicio de las que esta Ley prevé para cada una de las secretarías, en forma general contarán con las siguientes facultades:

III. Recibir, tramitar y resolver, los recursos, medios de defensa y procedimientos administrativos, y en su caso, imponer y aplicar sanciones en los términos de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales en materia de su competencia;

ARTÍCULO 31 Para el estudio, planeación y despacho de los negocios de los diversos ramos de la Administración Pública Centralizada del Estado, el Gobernador se auxiliará de las siguientes dependencias:

IV. Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno;

ARTÍCULO 35 A la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XLIV. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos, convenios, acuerdos y otras disposiciones vigentes en el estado.

ARTÍCULO 38.- La persona Titular de la Coordinación General Jurídica dependerá jerárquicamente de la persona Titular de la Secretaría y además de las atribuciones generales señaladas en el artículo 14 de este Reglamento tendrá las siguientes:

XVI.- Resolver el recurso de revocación, así como los demás recursos cuya competencia corresponda a la Secretaría y no sea de otra autoridad, en términos de la normatividad que resulte aplicable, y

Artículo 103 Las personas físicas o jurídicas a través de sus representantes podrán hacer valer el recurso de inconformidad ante la Contraloría que corresponda, por actos realizados dentro de los procedimientos de adjudicación, contratación o durante la ejecución de los contratos o bien que contravengan las disposiciones que rigen el objeto de esta Ley siendo aplicables a este procedimiento los siguientes preceptos:

I. La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través de los medios remotos de comunicación electrónica que al efecto establezca la Contraloría respectiva, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto u omisión o que el inconforme tenga conocimiento de éste;

II. Transcurrido el plazo establecido en la fracción anterior, prescribe para los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloría pueda actuar de oficio en cualquier tiempo, en términos de esta Ley y demás legislaciones aplicables a fin de que se pueda prevenir o corregir alguna irregularidad;

III. En el escrito en el que se interponga la inconformidad, el promovente deberá:

a) Acreditar la personalidad o representación con la que promueve;

b) Manifestar bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares;

c) Exponer con toda claridad los agravios que en su concepto le causen, expresándolos por separado, señalando el hecho que constituye la infracción, las disposiciones legales violadas, así como los conceptos de violación;

d) Acompañar copia de la resolución impugnada, la documentación que sustente su inconformidad y las copias necesarias para el traslado; y

e) Señalar al tercero o terceros perjudicados, debiendo acompañar las copias necesarias para correrles traslado, así como señalar su domicilio. En caso de que éste se desconozca, se le emplazará por medio de edictos a costa del promovente.

IV. Será causa de rechazo del recurso de Inconformidad, la falta de la protesta de decir verdad o acreditación de la personalidad o bien la falta de expresión de los agravios en los términos indicados en la fracción anterior o cuando a juicio de la Contraloría, el recurso sea notoriamente improcedente;

V. Si no se acompañan las copias para el traslado, se requerirá al inconforme para que lo haga dentro de los siguientes dos días hábiles, apercibiéndolo de que si no las exhibe se tendrá por no admitido el recurso de inconformidad;

VI. La manifestación de hechos falsos por parte del inconforme se sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley y a las demás que resulten aplicables;

VII. En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, en tanto que la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para efectos de la transmisión expidan la Contraloría, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos correspondientes;

VIII. Las pruebas que ofrezca el inconforme se acompañaran en su escrito de inconformidad, las cuales deberán ser pertinentes e idóneas para dilucidar las cuestiones controvertidas. Serán admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la prueba confesional y de declaración de parte, siendo obligatorio que todas las pruebas que ofrezca el inconforme estén relacionadas con cada uno de los hechos manifestados. El incumplimiento de este requisito será motivo suficiente para que sean desechadas;

IX. La Contraloría correspondiente, acordará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la inconformidad, lo que proceda sobre la admisión de ésta y de las pruebas que el inconforme hubiese ofrecido;

X. Admitida la inconformidad la Contraloría correrá traslado con la copia del mismo a la convocante o al área administrativa emisora del acto, para que rinda el informe sobre el acto que señale el inconforme, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento respectivo;

XI. Las pruebas documentales deberán acompañarse al escrito del recurso de la inconformidad, salvo que obren en el expediente en el que se haya dictado la resolución controvertida. La prueba testimonial deberá ser formulada en los términos que establece el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; si no se cumpliere con esos requisitos se tendrán por no ofrecidas;

XII. El inconforme que ofrezca la prueba pericial en el mismo escrito, hará la designación del perito que le corresponda; presentará separadamente los puntos concretos que éste deberá resolver, y acompañará copia con la que se correrá traslado a la otra parte. Esta prueba se desahogará con la presentación del dictamen por parte del inconforme y de la convocante o la emisora del acto, dentro del plazo que para tal efecto se señale.

De existir discordancia entre ambos dictámenes, la Contraloría nombrará un perito tercero en discordia para que emita su peritaje dentro del plazo que en el momento le sea fijado;

XIII. En el supuesto de que la prueba pericial no sea ofrecida en los términos y condiciones mencionados en la fracción anterior, se desechará de plano. Si no se presentare a protestar el cargo el perito designado por el oferente o bien si protestado no se entregare dentro del plazo que al efecto se señale, el dictamen a cargo del perito designado por el inconforme, se declarará desierta la prueba;

XIV. No obstante la remisión de los informes a que se refiere la fracción X de este artículo, la Contraloría podrá, de oficio o en atención a las inconformidades presentadas, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de los procedimientos de adjudicación se ajusten a las disposiciones de esta Ley, así como practicar todas las diligencias que estime necesarias para contar con los elementos suficientes, para la mejor substanciación del procedimiento de inconformidad que se investiga;

XV. Una vez rendidos los informes o realizadas las investigaciones a que hace referencia la fracción anterior, la Contraloría deberá hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento respectivo, manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho;

XVI. Una vez que se cuente con lo solicitado en las fracciones XI, XII y XV de este artículo y si procede, se ordenará el desahogo de las pruebas ofrecidas, el que se llevará a cabo en un término improrrogable y no superior a quince días hábiles contados a partir del día en que se haya admitido la inconformidad;

XVII. Transcurrido el término establecido para el desahogo de las pruebas, la Contraloría respectiva, pondrá a la vista de los interesados las actuaciones que con motivo de la inconformidad se hubieren recopilado, a efecto de que en un plazo no mayor a cinco días hábiles formulen los alegatos que estimen pertinentes señalar;

XVIII. Vencido el plazo para formular alegatos, la Contraloría respectiva dictará la resolución en un término que no exceda de veinte días hábiles y procederá a notificarla a los interesados dentro de los cinco días hábiles siguientes;

XIX. Las resoluciones que recaigan a las inconformidades, tendrán por consecuencia:

a) La nulidad de la resolución o fallo que se hubiere dictado en cualquier procedimiento de adjudicación desarrollado por la vconvocante y en caso de ser procedente, la reposición de dicho procedimiento si éste fuere reclamado;

b) La confirmación de las resoluciones emitidas por la convocante en cualquier procedimiento de adjudicación que sea desarrollado por este mismo;

c) La declaración de legalidad de los actos realizados por las dependencias o entidades en la ejecución de los contratos respectivos;

d) La irregularidad de los actos realizados por las dependencias o entidades en la ejecución de los contratos respectivos y en consecuencia se ordene si procede, sea subsanada o corregida la irregularidad o incumplimiento derivada de dicho contrato;

e) La nulidad de las resoluciones que nieguen las solicitudes de inscripción o revalidación; o que determinen la suspensión o cancelación de una calificación y del listado de contratistas calificados y de laboratorios de pruebas de calidad; y

f) La confirmación de las resoluciones que nieguen las solicitudes de inscripción o revalidación; o que determinen la suspensión o cancelación de una calificación y del listado de contratistas calificados y de laboratorios de pruebas de calidad.

XX. En contra de la resolución de la inconformidad que dicte la Contraloría no procede recurso alguno.

Artículo 104 Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de adjudicación o contratación, la Contraloría sancionará al inconforme hasta por un año de suspensión o con la cancelación de su registro en el listado de Contratistas calificados.

Artículo 105 La Contraloría que conozca de la inconformidad, durante la investigación de los actos, de oficio o en atención a las inconformidades que se presenten, podrá suspender el procedimiento de adjudicación o contratación, sólo si producto de los informes recibidos e investigaciones realizadas:

I. Advierta que existen actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven y que, de continuarse con el procedimiento de adjudicación o contratación, pudieran producirse daños o perjuicios a la convocante; al área administrativa emisora del acto o bien a la dependencia o entidad de que se trate;

II. No se trate de actos consumados; y cualquier procedimiento de adjudicación desarrollado por la convocante y en caso de ser procedente, la reposición de dicho procedimiento si éste fuere reclamado;

III. Cuente con la manifestación de la convocante; del área administrativa emisora del acto o de las dependencias o entidades responsables de la contratación, de que la suspensión no causará perjuicio a la seguridad pública, al interés social o a los servicios públicos y que no se contravengan disposiciones de orden público.

Por lo que se refiere a la fracción anterior, la convocante; el área administrativa emisora del acto; la dependencia o la entidad encargada de la contratación, deberá informar a la Contraloría, dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación del procedimiento de suspensión, si con la misma se causa perjuicio a la seguridad pública, al interés social o a los servicios públicos, o bien, se contravienen disposiciones de orden público o si los actos objeto de la suspensión se han consumado; aportando la justificación del caso, para que ésta resuelva lo que proceda.

Artículo 106 Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión prevista en el artículo anterior, deberá garantizar los daños y perjuicios que le pudiera ocasionar al patrimonio público o a terceros, mediante fianza a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración o la Tesorería Municipal según corresponda, por el monto que fije la Contraloría, el cual no podrá ser inferior al 20% ni superior al 50% del valor del objeto del acto impugnado. Sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión.

Si el acto que se impugna consiste en la imposición de multas por disposición de la presente Ley, la suspensión se otorgará siempre y cuando se garantice el interés fiscal del Estado o del Municipio de que se trate, en cualesquiera de las formas previstas en la legislación fiscal aplicable.

En los casos en que resulte procedente la suspensión del acto que se reclama, pero con ella se puedan ocasionar daños o perjuicios a terceros, la misma surtirá sus efectos, si el recurrente otorga garantía en la forma que señala el presente artículo, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaren si no obtiene resolución favorable. La autoridad deberá acordar en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión, dentro de los cinco días hábiles siguientes al del otorgamiento de la garantía.

Artículo 197 Para los efectos de la fracción X del artículo 103 de la Ley, el Comité o la Dependencia o Entidad responsable, en su caso, al rendir informe, se referirá a cada uno de los hechos manifestados por el inconforme, debiendo acompañar la documentación relacionada con el procedimiento de contratación.

Artículo 198 Para los efectos del artículo 106 de la Ley, cuando no sea posible conocer el valor del objeto del acto impugnado, la garantía se determinará conforme a los porcentajes referidos en dicho artículo, calculados sobre la base del monto de la propuesta económica del inconforme y, cuando no sea posible conocer dicho monto, al criterio fundado de la Contraloría.

Recibida la notificación en la que la Contraloría ordene la suspensión, se suspenderá todo acto relacionado con el procedimiento de contratación.

Artículo 143 Las personas interesadas podrán inconformarse ante la SEDECAP o las Contralorías Municipales por cualquier acto dentro del procedimiento de adjudicación o contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley, siendo aplicables a este trámite las siguientes disposiciones:

I. La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través de los medios remotos de comunicación electrónica que al efecto establezca la SEDECAP o la Contraloría Municipal respectiva, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste;

II. Transcurrido el plazo establecido en este artículo, precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la SEDECAP o la Contraloría Municipal pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley, ya sea de oficio o en virtud de que las personas interesadas manifiesten previamente las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de adjudicación o contratación, a fin de que las mismas se corrijan;

III. La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente será causa de desecamiento;

IV. En la inconformidad que se presente conforme a este Capítulo, el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y los agravios que éstos le causen, así como acompañar copia de la resolución impugnada y de la documentación que sustente su petición;

V. La falta de la protesta indicada en la fracción anterior será causa de desechamiento de la inconformidad;

VI. La manifestación de hechos falsos por parte del inconforme se sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley y a las demás que resulten aplicables;

VII. En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, en tanto que la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para efectos de la transmisión expidan la SEDECAP y las Contralorías Municipales, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos correspondientes;

VIII. La autoridad ante la que se interponga la inconformidad, acordará dentro de los cinco días hábiles siguientes lo que proceda sobre la admisión de ésta y de las pruebas que el inconforme hubiese ofrecido, las cuales deberán ser pertinentes e idóneas para dilucidar las cuestiones controvertidas;

IX. En la inconformidad serán admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la prueba testimonial y confesional mediante pliego de posiciones a cargo de las autoridades, siendo obligatorio que todas las pruebas que ofrezca el inconforme estén relacionadas con cada uno de los hechos manifestados, pues sin el cumplimiento de este requisito serán desechadas;

X. Las pruebas documentales deberán acompañarse a la inconformidad, salvo que obren en el expediente en el que se haya dictado la resolución controvertida, y si no se cumpliere este requisito se tendrán por no ofrecidas;

XI. La prueba pericial se ofrecerá al interponer la inconformidad y se desahogará con la presentación del dictamen a cargo del perito designado por el inconforme, dentro del plazo que para el efecto se señale, pues de lo contrario se declarará desierta;

XII. Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la autoridad deberá hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término de diez días naturales siguientes a la recepción del requerimiento respectivo, manifiesten lo que a su interés convenga.

Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por precluido su derecho;

XIII. La autoridad ante la que se interponga la inconformidad, podrá requerir a las dependencias o entidades correspondientes, que le rindan los informes pertinentes, debiendo remitirlos dentro de los diez días naturales siguientes a la recepción del requerimiento respectivo;

XIV. Una vez que se cuente con lo solicitado en las fracciones XII y XIII de este artículo, y si procede, se ordenará el desahogo de las pruebas ofrecidas, el que se llevará a cabo en un término improrrogable y no superior a quince días hábiles contados a partir del día en que se haya interpuesto la inconformidad;

XV. Vencido el plazo para el desahogo de las pruebas, la SEDECAP o la Contraloría Municipal respectiva, dictará la resolución en un término que no exceda de veinte días hábiles y procederá a notificarla a los interesados dentro de los cinco días hábiles siguientes;

XVI. Las resoluciones que recaigan a las inconformidades, tendrán por consecuencia la nulidad del acto o actos irregulares y el establecimiento, cuando proceda, de las directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a esta Ley; la nulidad total del procedimiento; la declaración relativa a lo improcedente o infundado de la inconformidad, o la declaración de validez del acto impugnado; y

XVII. En contra de la resolución de la inconformidad que dicte la autoridad competente, no procede recurso administrativo alguno.

Artículo 144 Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de adjudicación o contratación, se sancionará al inconforme mediante la imposición de una multa en términos del Capítulo anterior.

Artículo 145 La SEDECAP y las Contralorías Municipales, de oficio o en atención a las inconformidades que se presenten, podrán realizar las investigaciones que resulten pertinentes con el fin de verificar que los actos de cualquier procedimiento de adjudicación o contratación se ajustan a las disposiciones de esta Ley; durante estas investigaciones se podrá suspender el procedimiento de adjudicación o contratación, ya sea de oficio o a solicitud del inconforme, sólo si se cumple lo siguiente:

I. Que se advierta que existen o pudieran existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de adjudicación o contratación pudieran producirse daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate; y

II. Que con la suspensión no se cause perjuicio a la seguridad pública, el interés social o los servicios públicos, y que no se contravengan disposiciones de orden público.

Por lo que se refiere a la fracción anterior, la Secretaría, el Comité Municipal, la dependencia o la entidad adjudicante deberá informar, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la suspensión y aportando la justificación del caso, si con la misma se causa perjuicio a la seguridad pública, el interés social o los servicios públicos, o bien, se contravienen disposiciones de orden público, para que la SEDECAP o la Contraloría Municipal resuelva lo que proceda.

Artículo 146 Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión prevista en el artículo anterior, éste deberá garantizar los daños y perjuicios que le pudiera ocasionar al patrimonio público o a terceros, mediante fianza a favor de la Secretaría o la Tesorería Municipal por el monto que fije la SEDECAP o la Contraloría Municipal, según corresponda, el cual no podrá ser inferior al 20% ni superior al 50% del valor del objeto del acto impugnado. Sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión.

Si el acto que se impugna consiste en la imposición de multas por disposición de la presente Ley, la suspensión se otorgará siempre y cuando se garantice el interés fiscal del Estado o del Municipio de que se trate, en cualesquiera de las formas previstas en la legislación fiscal aplicable.

Artículo 229 Para conocer la verdad y mejor proveer, los jueces o Tribunales podrán:

I. Decretar que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de las partes, si no hubiere inconveniente legal;

II. Decretar la práctica de cualquier inspección, dictamen o avalúo que reputen necesarios, y

III. Traer a la vista cualesquiera autos que tengan relación con el pleito, si el estado de aquellos lo permite.

Artículo 230 El actor debe probar los hechos constitutivos de sus acciones y el demando los de sus excepciones.

Artículo 231 Sólo los hechos están sujetos a prueba; el derecho lo estará únicamente cuando se funde en usos, costumbres, tradiciones o valores culturales.

Artículo 232 El que niega sólo está obligado a probar, cuando:

I. La negación envuelva la afirmación expresa de un hecho concreto susceptible de prueba;

II. Desconozca la presunción legal que tenga a su favor la contraparte, o

III. Desconozca la capacidad de alguna de las partes.

Artículo 233 Los hechos notorios no están sujetos a prueba, se caracterizan por ser ciertos e indiscutibles para el sector social del que son cultura común. Se consideran hechos notorios:

I. Lo público y sabido por todos;

II. Aquello cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un círculo social al momento en que se pronuncie la resolución;

II. Los acontecimientos históricos y fenómenos naturales, y

III. Las costumbres universalmente aceptadas.

Artículo 234 Serán improcedentes y el Tribunal deberá desechar de plano las pruebas que se ofrezcan:

I. Para demostrar hechos que no sean materia de la controversia o no hayan sido argumentados por las partes;

II. Para demostrar hechos que fueron admitidos por las partes en los escritos que fijan la litis y sobre los que no se suscitó controversia;

III. Para demostrar un hecho que no pueda existir porque sea incompatible con una Ley de la naturaleza o con las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia;

IV. En los casos expresamente prohibidos por la Ley;

IV. Con fines notoriamente maliciosos o dilatorios, y

V. En número excesivo en relación con otras pruebas sobre los mismos hechos.

Artículo 235 Serán inadmisibles y el Tribunal desechará de plano, las pruebas que se ofrezcan sin la expresión concreta de lo que se pretende probar.

Artículo 236 Las partes en el juicio estarán obligadas a facilitar la inspección o reconocimiento ordenados por el Tribunal y a exhibir los documentos que tengan en su poder y se relacionen con el proceso.

El Tribunal podrá hacer cumplir sus determinaciones a través de la aplicación de los medios de apremio.

Cuando sea indispensable y el caso lo amerite las partes estarán obligadas a facilitar el examen de las condiciones físicas o mentales, o a proporcionar muestras orgánicas o biológicas; apercibiéndoles de que se tendrán por ciertas las afirmaciones de la contraparte si no cumplen con estas obligaciones, salvo prueba en contrario.

Artículo 237 Las personas que no sean partes en el juicio están obligadas, en todo tiempo, a prestar auxilio a los Tribunales en la averiguación de la verdad, y en consecuencia, deberán exhibir documentos y objetos que tengan en su poder cuando para ello fueren requeridos, o permitir su inspección.

De esta obligación están exentas las personas que deban guardar secreto profesional en los casos que se trate de probar contra la parte con la que estén relacionados.

Artículo 238 Los Tribunales deberán compeler a las personas extrañas al juicio, por los medios de apremio más eficaces, para que cumplan con la Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 81 obligación señalada en el artículo anterior. En caso de oposición, oirán las razones en que se funden, y resolverán de plano lo conducente.

Artículo 239 El Tribunal debe recibir todas las pruebas que se ofrezcan, si están reconocidas por la Ley, si no son contrarias a la moral, y cuando sean adecuadas para producir convicción.

Artículo 240 La Ley reconoce como medios de prueba:

I. La declaración de parte sobre hechos propios o ajenos;

II. Los documentos públicos y privados, en cuya categoría se comprenden: Las fotografías, cintas magnetofónicas, registros dactiloscópicos y en general, todos aquellos elementos aportados por la ciencia, por la técnica y el arte;

III. El dictamen pericial;

IV. La inspección judicial;

V. Los testigos, y

VI. Las presunciones.

Artículo 241 Los actos que conforme a la Ley deban tener una forma determinada no podrán comprobarse por otro medio, excepto en los casos en que la acción se intente precisamente para dar forma a esos actos.

Si la acción es rescisoria de un contrato, que hubiere sido total o parcialmente cumplido por una o ambas partes, se aplicará la misma excepción.

Artículo 242 Las diligencias de prueba practicadas en otros Tribunales, en virtud de requerimiento del Juez de los autos, serán válidas aunque se practiquen fuera de la audiencia de recepción de pruebas, o habiéndose desahogado la misma, mientras el requerido no tenga aviso para suspenderlas.

Artículo 243 Sólo en materia familiar es permisible solicitar informes documentales a instituciones públicas o privadas, o a particulares, siempre y cuando guarden relación con la litis; en los demás casos, deben aplicarse las reglas de la prueba documental.

Artículo 244 Cuando, a juicio del juzgador, las partes abusen del derecho de articular preguntas, por reiteración de los puntos debatidos, en el desahogo de las pruebas, el Tribunal podrá, prudentemente, limitar ese derecho de las partes, haciendo constar en la audiencia los motivos o causas de esa determinación.

Artículo 245 El Tribunal puede, libremente, interrogar en el desahogo de las pruebas, a las partes y terceros a fin de lograr la convicción de los hechos que conduzcan a la verdad.

Artículo 246 Los hechos afirmados por alguna de las partes en escrito o actuación, ante cualquier autoridad jurisdiccional, siempre probarán en su contra, sin que pueda rendir material de convicción en contrario.

Artículo 247 El Gobernador, los Diputados, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Estatal Electoral, Procurador General de Justicia, Procurador del Ciudadano, secretarios de Despacho y titulares de Entidades de la Administración Pública Paraestatal, cuando intervengan en un procedimiento con ese carácter, no declararán en ningún caso, en la forma prevenida por esta Ley, pero la parte contraria podrá pedir que se les envíe oficio, insertando las preguntas que quiera hacerles para que, en vía de informe, sean contestadas dentro del término que designe el Tribunal, el cual no podrá exceder de diez días hábiles. Si no contestaren en el término fijado, o si no lo hicieren categóricamente, se les tendrán por aceptados los hechos.

Artículo 248 Las partes están obligadas a declarar, bajo protesta de decir verdad, sobre hechos propios o ajenos que sean de su conocimiento, relacionados con la litis; las que sólo pueden declarar una vez en juicio.

Artículo 249 La prueba a que se refiere esta sección, se desahogará en la audiencia, con la comparecencia de ambas partes, con la prevención, al oferente, que de no comparecer se declarará desierta y al declarante, que de observar igual conducta, se le tendrán por ciertos los hechos sobre los que se le cuestione y por existente una fundada razón de su dicho.

Artículo 250 Las personas físicas estarán obligadas a responder personalmente las preguntas, aunque tengan representante en el juicio.

Artículo 251 Los representantes o mandatarios judiciales, sólo podrán responder a nombre de su representado las preguntas que se les formulen cuando por causas no imputables a la voluntad de éste, debidamente acreditadas a juicio del Tribunal, no pueda comparecer personalmente. Si el mandatario, manifiesta ignorar los hechos, o responde con evasivas se tendrán por ciertos aquellos sobre los que se le cuestione.

Artículo 252 El cesionario se considerará como apoderado del cedente.

Artículo 253 El cedente deberá declarar cuando el cesionario ignore los hechos.

Artículo 254 Por las personas colectivas deberán responder a las preguntas, sus representantes legales o sus apoderados con facultades para ello, sin que pueda exigirse que la prueba corra a cargo de determinada persona.

Artículo 255 Por los que no gocen de capacidad procesal, lo harán sus representantes legales.

Artículo 256 La Ley exceptúa, de comparecer ante el Tribunal a contestar las preguntas:

I. A las personas mayores de setenta años;

II. A los que padezcan una enfermedad grave que los imposibilite a acudir a la audiencia;

III. A los que no puedan deambular en forma permanente o temporal, y

IV. A las personas que estén privadas de su libertad por mandamiento de autoridad.

En los casos anteriores, debidamente probados, se señalará con toda precisión el domicilio en donde se encuentre el exceptuado; si aquél se ubica en el lugar del juicio, se trasladará el personal judicial actuante asociado del oferente, y si a criterio del juzgador, puede declarar, desahogará la prueba. Si el lugar se ubica fuera de la residencia del Tribunal, se procederá conforme a las reglas que para los exhortos establece este Código. Si constituido el personal judicial en el domicilio previamente señalado, no encontrare presente al que deba declarar, a éste se le tendrán por aceptados los hechos sobre los que se le cuestione y se le impondrá además una multa hasta de mil días de salario.

Artículo 257 En el caso de que el citado para declarar comparezca, el juzgador procederá al desahogo de la probanza, para lo cual, tomará la protesta de que se produzca con verdad y le hará saber las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad en declaraciones judiciales.

Artículo 258 Para interrogar al declarante, se procederá conforme a las reglas siguientes:

I. El oferente formulará las preguntas, por escrito o de viva voz;

II. El Tribunal calificará esas preguntas conforme a lo dispuesto por esta sección;

III. De encontrarlas legales, que guardan relación con el pleito y que no son materia de otra probanza, ordenará al declarante que las responda;

IV. Si las preguntas fueren orales, se harán constar en el acta de la diligencia; si se formulan por escrito, el pliego que las contenga, se engrosará a los autos y en todo caso, se asentarán las respuestas del declarante;

V. El declarante no podrá abstenerse de responder, alegando la ilegalidad de las preguntas, pero podrá expresar como agravio esa circunstancia en la apelación de la sentencia definitiva, y

VI. El Tribunal tendrá por afirmados los hechos cuestionados, cuando el declarante se niegue a responder o lo haga con evasivas.

Artículo 259 Las preguntas a que se refiere el artículo anterior, para su calificación de legalidad, deberán formularse en los términos siguientes:

I. Se harán en forma afirmativa y precisa;

II. Contendrán un solo hecho material, propio o ajeno conocido del declarante, a menos que no pueda afirmarse uno sin negarse el otro, y

III. No serán insidiosas.

Se consideran insidiosas aquellas que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de responderlas, con objeto de inducirlo a error y obtener una declaración contraria a la verdad.

Artículo 260 Cuando no comparezca el que deba formular el interrogatorio, el Tribunal hará efectiva la prevención y declarará desierta la prueba.

Artículo 261 Cuando no comparezca el que deba responder al interrogatorio, previa su calificación de legalidad, el Juez hará efectiva la prevención, tendrá por ciertos los hechos y por existente una fundada razón de su dicho.

Artículo 262 En la recepción de la prueba no se permitirá que el declarante sea asistido por su abogado, ni que se le aconseje. Sin embargo, si el declarante no habla el idioma Español, podrá ser asistido de un intérprete que nombrará el Tribunal.

Artículo 263 Las respuestas del declarante deberán ser afirmativas o negativas, pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes y las que el Tribunal le pida.

Artículo 264 La declaración sólo produce efectos en lo que perjudica al que la hace y no en lo que le beneficia.

Artículo 265 Son documentos los elementos que por su naturaleza objetiva consignan en sí mismos, la memoria de un hecho, acto o acontecimiento, mediante el empleo de un lenguaje escrito, visual o auditivo. Los mensajes de datos son documentos.

Se considera mensaje de datos la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o similares. Por su origen, los documentos son públicos o privados.

Artículo 266 Los documentos públicos son aquéllos autorizados por funcionarios o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su competencia, con las solemnidades y formalidades prescritas por la Ley.

Artículo 267 Enunciativamente se consideran documentos públicos:

I. Los testimonios de escrituras autorizadas por fedatarios conforme a las Leyes;

II. Los expedidos por servidores públicos con atribuciones para ello;

III. Los libros de actas, registros, catastros y demás documentos que se hallen en los archivos públicos;

IV. Las certificaciones de constancias existentes en los mismos archivos;

V. Las certificaciones de los encargados de los archivos parroquiales, expedidas con posterioridad al establecimiento del Registro del Estado Civil, y relativas a los asientos hechos en esos archivos, antes de tal establecimiento, si están cotejadas por Notario;

VI. Las certificaciones de actas del Registro del Estado Civil y sus extractos, expedidos por los encargados de ese registro, respecto de constancias existentes en los libros del mismo;

VII. Los acuses de recibo del servicio postal mexicano;

VIII. Las actuaciones judiciales, y

IX. Los demás que tengan ese carácter conforme a la Ley.

Artículo 268 Son documentos privados por exclusión los que no están comprendidos en el artículo anterior.

Artículo 269 El que ofrezca la prueba documental deberá exhibirla, y sólo en el caso de que no pueda obtenerla directamente, se aplicarán las disposiciones siguientes:

I. Si se encuentra en el mismo juzgado se ordenará al Secretario que haga la compulsa correspondiente;

II. Si los documentos se encuentran en libros o papeles de casas de comercio o de algún establecimiento industrial o minero, o de cualquiera otra naturaleza, el que pida el documento o constancia, deberá fijar con precisión cual sea, y la copia testimoniada se tomará en el propio establecimiento, sin que los encargados de éste, estén obligados a llevar esos libros o papeles al juzgado;

III. Los extraños al juicio, están obligados a exhibir documentos privados de su propiedad exclusiva, cuando así lo solicitare alguna de las partes, siempre y cuando, guarden estrecha relación con la controversia;

IV. Si los documentos son propios de alguna de las partes, pero se encuentran en poder de otra persona, ésta queda obligada a exhibirlos, para que previa compulsa en los autos, le sean devueltos;

V. Si los documentos se encuentran en una oficina pública del lugar del juicio, el Juez solicitará, a costa del oferente, copia certificada de las constancias conducentes;

VI. Los documentos que se encuentren fuera del lugar en donde se sigue el juicio, se mandarán compulsar mediante exhorto que dirija el Juez de los autos al del lugar en que aquéllos se encuentren, y

VII. Salvo las excepciones establecidas por las leyes, sólo pueden reconocer un documento privado el que lo firma, el que lo manda a extender, o el apoderado de ellos, cuyo poder contenga cláusula especial.

Artículo 270 Los documentos privados que no provengan de las partes, deberán ser reconocidos por sus autores, quienes serán examinados en la audiencia respectiva, mostrándoseles los originales para que manifiesten si los reconocen tanto en su firma como en su contenido.

Artículo 271 Los documentos públicos expedidos por fedatarios, autoridades federales, servidores públicos de los Estados, o del Distrito Federal, harán fe en el Estado sin necesidad de legalización.

Artículo 272 Los documentos públicos procedentes del extranjero para hacer fe en el Estado, deben estar legalizados conforme a las leyes Federales. Los que fueren trasmitidos internacionalmente por conducto oficial para surtir efectos legales, no requerirán de legalización.

Artículo 273 Los documentos redactados en idioma extranjero se presentarán originales, acompañados de su traducción al Español. Si la parte contraria estuviere conforme, se pasará por la traducción, y de no ser así, el Juez nombrará perito traductor.

Artículo 274 Si se niega la autenticidad de un documento público y se redarguye de falso, podrá pedirse el cotejo, en cuyo caso se confrontará con su matriz.

Artículo 275 Los documentos privados, podrán ser objetados tanto en su contenido como en su firma y quien así lo haga, deberá manifestar expresamente la parte que objeta, la causa en que se funda, la que a su vez deberá probar.

Artículo 276 Cuando la objeción afecte al contenido, a la escritura o a la firma que consten en un documento, para realizar los estudios comparativos que normen una opinión pericial, éstos deben basarse en antecedentes indubitables.

Cuando la prueba documental consista en cintas magnetofónicas, cintas cinematográficas, discos compactos o todos aquellos elementos aportados por la ciencia que puedan consignar en sí mismos la memoria de un hecho, acto, o acontecimiento mediante el empleo de un lenguaje, de una imagen o de un sonido, y sean de aquellos que requieren de aparatos o elementos especiales para que pueda apreciarse el contenido de los registros o reproducir los sonidos o imágenes, se procederá en los siguientes términos:

I. En la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia, en presencia de las partes, el Tribunal, valiéndose del sistema aportado por el oferente, procederá a la reproducción, sentando en autos, razón de su contenido;

II. Si para la apreciación de los medios de prueba a que se refiere este artículo se requieren conocimientos técnicos especiales, el Juez se asistirá del asesor técnico que designe;

III. Si el oferente no cumple con la carga de aportar los medios a través de los cuales se obtendrá la reproducción, si los aportados no son los adecuados para tal fin, o no funcionaren, se declarará desierta la probanza, y

IV. Las partes, podrán objetar el contenido de esta clase de documentos, conforme a las reglas generales contenidas en esta sección.

Artículo 277 Se consideran como antecedentes indubitables:

I. Los documentos que ambas partes reconozcan como tales;

II. Los documentos privados cuya letra o firma hayan sido reconocidas en el juicio por aquél a quien se atribuya la dudosa;

III. El escrito impugnado, en la parte que reconozca como suya la letra aquél a quien perjudique;

IV. Las firmas puestas en documentos públicos anteriores a la objeción por la persona cuya firma y letra se trata de comprobar, y

V. Las muestras de ejercicios caligráficos ejecutados ante la fe judicial y en los términos que soliciten los peritos de las partes.

Artículo 278 Los telegramas se tendrán como documentos públicos o privados según sean enviados y firmados por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, o por particulares; pero si se negare la autenticidad del telegrama se procederá a su comprobación y al efecto se pedirá a la autoridad o persona a quien se atribuya que lo ratifique o rectifique.

Artículo 279 Se denomina prueba pericial, a la opinión que emiten auxiliares de la administración de justicia, cuando para la debida comprobación de un hecho, se requieren conocimientos especializados sobre determinada ciencia, técnica, arte u oficio, con el fin de ilustrar el criterio del Tribunal.

Artículo 280 Los peritos deben tener título en la ciencia, técnica, arte u oficio a que pertenezca el punto sobre el que ha de oírse su parecer, si dichas actividades estuvieren legalmente reglamentadas; si en el lugar en que se sigue el juicio no hubiere peritos que reúnan tal requisito, a criterio del Tribunal, podrán ser nombrados cualesquiera personas entendidas, aun cuando no tengan título.

Artículo 281 Se consideran actividades legalmente reglamentadas, aquéllas a que se refiere la Legislación aplicable en la materia.

Artículo 282 Cada una de las partes tiene derecho a nombrar un perito.

Artículo 283 En el caso de actores o demandados múltiples, nombrarán un perito los que sostuvieren una misma pretensión y otro los que la contradigan. Si no pudieren ponerse de acuerdo, el Juez designará uno de entre los propuestos.

Artículo 284 Si el actor, con su demanda ofrece la prueba pericial deberá designar a su perito exhibiendo el cuestionario de puntos concretos a cuyo tenor se emitirá el dictamen. Su contrario al contestar la demanda, designará perito de su parte y de estimarlo necesario adicionará el cuestionario; con éstas se dará vista al oferente, para que conociéndolas, su perito las estime al rendir su dictamen.

Artículo 285 Si el demandado al contestar la demanda ofrece la prueba pericial, deberá designar a su perito, exhibiendo el cuestionario de puntos Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 91 concretos a cuyo tenor se emitirá el dictamen, con el cual se dará vista al actor para que en el término de tres días nombre su perito y de estimarlo necesario adicione el cuestionario.

Artículo 286 Para el caso de que el actor adicione el cuestionario, se ordenará dar vista al demandado para que conociendo tales adiciones, su perito las estime al rendir su dictamen.

Artículo 287 Las partes propondrán la prueba pericial en la demanda y contestación de la misma en los siguientes términos:

I. Señalarán con toda precisión la ciencia, arte, técnica u oficio que requieren de conocimientos especializados para emitir una opinión que tienda a justificar un hecho;

II. Los puntos sobre los que versará y las cuestiones que deben ser resueltas, expresando de manera clara, el bien o elemento sujeto a estudio;

III. El nombre, apellidos y domicilio del perito, exhibiendo copia auténtica del título profesional o del documento que avale su calidad científica, técnica o artística, y

IV. La aceptación y protesta de la persona designada como perito, la manifestación de que conoce los puntos cuestionados, de que cuenta con los conocimientos requeridos para dictaminar, que acepta comparecer a la audiencia a presentar su dictamen y a ser interrogado, si resultare necesario a juicio del Tribunal, todo esto, bajo su firma autógrafa.

La falta de cualesquiera de los requisitos anteriores, producirá el desechamiento de la probanza.

Artículo 288 En el auto en que el Tribunal admita la prueba pericial, designará perito tercero en discordia.

Cuando los peritos de las partes rindan su dictamen y éstos resulten ser contradictorios, se tomará la aceptación y protesta del perito tercero en discordia, y se le concederá un término de hasta diez días para que emita su dictamen, con apercibimiento que de no hacerlo se le considerará como desobediente a un mandato de autoridad, sujeto a las sanciones que establece el Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla

Artículo 289 Si una de las partes no designa perito, o habiéndolo hecho, éste no exhibe su dictamen, se le tendrá por conforme con el que rinda él de la contraria.

Artículo 290 Las partes quedan obligadas a pagar los honorarios de sus peritos; los del tercero en discordia serán pagados por ambas partes, para este fin el Tribunal las requerirá para que depositen una suma suficiente que no exceda del ochenta por ciento del costo del peritaje que fijará razonablemente, so pena de que si no hace el depósito se tendrá por desierta la prueba.

Lo dispuesto en este artículo será independiente de lo que decida la sentencia definitiva sobre las costas procesales.

Artículo 291 Cuando a juicio del Juez, los dictámenes periciales no resulten suficientemente ilustrativos, bien por sus contenidos o porque la naturaleza misma del caso, requiere de operaciones o conocimientos científicos sumamente especializados, para mejor proveer, podrá pedir informe a la Academia, Colegio o Corporación Oficial que corresponda.

Artículo 292 Cuando los dictámenes periciales, se funden en conocimientos que produzcan un resultado susceptible de comprobación mediante métodos científicos universalmente aceptados y se demuestre que el perito faltó a la verdad, con el único fin de confundir el juicio del Juez, se le impondrá una multa de quinientos a mil días de salario, sin perjuicio de que se le juzgue conforme al Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

A los reincidentes, se les impedirá el acceso como peritos a los juicios y a los Tribunales.

Artículo 293 Si para el desahogo de la prueba pericial, alguna de las partes debe prestar su colaboración sometiéndose a pruebas psicológicas, bioquímicas y todas aquellas relativas a su función orgánica, o que requieran de toma de muestras, deberá hacer saber su disposición, antes de la celebración de la audiencia. El Tribunal, señalará día, hora y lugar en que deberán concurrir las partes y sus peritos, a practicar el reconocimiento o para tomar las muestras necesarias. En caso de no brindar su colaboración, se tendrán por ciertos los hechos que se pretenden acreditar con dicha probanza, salvo prueba en contrario.

Artículo 294 El reconocimiento o inspección judicial, es el acto contingente y momentáneo, en el que el Juez, a través de sus sentidos, da fe de aspectos reales o cuestiones materiales para crear convicción.

Artículo 295 El reconocimiento o inspección judicial debe practicarse a petición de parte o de oficio, señalando las partes los puntos concretos objeto de la prueba, sin cuyo requisito no será admitida.

Artículo 296 Las partes y en su caso los peritos, deben concurrir a la diligencia, pudiendo en el acto formular las observaciones que estimen conducentes; puede de igual modo el Juez, solicitar de las partes y los peritos todas las aclaraciones que crea convenientes.

Artículo 297 A juicio del Juez o a petición de parte se levantarán croquis, se tomarán fotografías o se harán constar los hechos en cualquier otro medio documental de los consignados en esta Ley, del lugar u objetos inspeccionados.

Artículo 298 El oferente de la prueba deberá facilitar los medios para que el personal judicial ubique e identifique el lugar o los objetos que serán materia de la misma.

Artículo 299 Del reconocimiento se levantará acta circunstanciada que firmarán todos los que a él concurran.

Artículo 300 La testimonial, es la información que proporciona una persona, sobre algún hecho o acontecimiento del que tomó conocimiento directo, por haberlo apreciado por medio de los sentidos.

Artículo 301 Todos los que tengan conocimiento de un hecho relacionado con el juicio, están obligados a declarar.

Artículo 302 No pueden ser testigos:

I. Los menores de dieciséis años, a menos que se trate de procedimientos familiares y ellos deseen declarar;

II. El mayor de edad privado de inteligencia por locura, alcoholismo crónico o cualquiera otro trastorno mental, aunque tenga intervalos lúcidos, así como el sordomudo que no sepa darse a entender por escrito o por intérprete mediante el lenguaje mímico; el que habitualmente hace uso no terapéutico de enervantes, estupefacientes, psicotrópicos o de cualquiera otra sustancia que altere la conducta y produzca farmacodependencia;

III. Los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados por el delito de falsedad;

IV. Los parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado y por afinidad dentro del segundo, a no ser que el procedimiento verse sobre cuestiones familiares, y

V. Los demás que se encuentren impedidos conforme a cualquier Ley.

Artículo 303 Las partes al ofrecer esta prueba, señalarán el nombre y domicilio de sus testigos y deberán presentarlos a la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia.

Artículo 304 Cuando las partes estuvieren imposibilitadas para presentar a sus testigos, lo manifestarán así bajo protesta de decir verdad en el momento del ofrecimiento, indicando el domicilio para que se les cite y el Juez los mandará citar, siempre que ese domicilio se encuentre en el lugar del juicio, apercibiéndolos con imponerles cualquier medida de apremio.

Artículo 305 Si el testigo reside fuera del lugar del juicio, en el supuesto de imposibilidad de la parte que ofrezca su declaración para presentarlo, se le mandará citar por medio de exhorto, con el mismo apercibimiento a que alude el artículo anterior.

El Juez, en el caso que trata este artículo, para proceder a la citación, estará facultado para exigir, prudentemente, que se le compruebe la necesidad de la declaración del testigo o que se exhiba la caución que determine, que garantizará el importe de la multa que pudiera imponérsele, si el testigo no concurre, si se rehúsa a declarar o si, de las circunstancias, se evidencia que la citación tuvo por objeto entorpecer el procedimiento.

En el caso de que el señalamiento del domicilio de algún testigo resulte inexacto o inexistente, o que de las constancias del expediente se infiera que se solicitó la citación con el propósito de retardar el procedimiento, se impondrá al oferente una multa de hasta quinientos días de salario.

Artículo 306 Para el desahogo de la prueba, se observarán las disposiciones siguientes:

I. El Juez ordenará la separación de los testigos, en forma tal que uno no pueda escuchar la declaración del otro o puedan comunicarse entre sí, procediendo a su examen en forma sucesiva;

II. El Juez llamará al testigo, lo protestará para que se conduzca con verdad advirtiéndole de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante autoridad judicial y seguidamente, a fin de acreditar su idoneidad, le interrogará sobre:

a). Su nombre, edad, estado civil, ocupación y domicilio;

b). Si es pariente de alguno de los litigantes y en qué grado;

c). Si tiene interés directo o indirecto en el pleito;

d). Si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes; y

e). Si guarda algún tipo de relación con el abogado patrono de su presentante.

III. Lo requerirá para que informe al Tribunal, declarando de viva voz los hechos que sepa y le consten en relación con la controversia y Orden Jurídico Poblano 96 exprese la razón de su dicho, gozando el testigo del derecho de solicitar al Juez, se le informe de manera general sobre lo que se investiga;

IV. La contraparte del oferente de la prueba, podrá interrogar en forma oral y por conducto del Tribunal al testigo, siempre y cuando dicho interrogatorio, guarde estrecha relación tanto con lo declarado, como con los hechos materia de la controversia, lo que será calificado por el Juez;

V. El testigo declarará de palabra, sin valerse de ningún borrador para formular sus respuestas y sin auxilio de cualquier otra persona; sin embargo, se le permitirá que consulte para su declaración libros, cuentas o documentos cuando resulte imprescindible.

VI. Sólo cuando el testigo deje de contestar algún punto, incurra en contradicción, se haya expresado con ambigüedad o no hubiere sido lo suficientemente claro al expresar los hechos que dijo le constan, cualquiera de las partes puede llamar la atención del Juez, para que éste, si lo estima conveniente, pida al testigo las aclaraciones oportunas;

VII. El Tribunal, siempre tendrá la facultad de desechar todo pregunta que a su juicio sea capciosa, inductiva o inconducente y podrá además interrogar al testigo sobre cualquier punto que estime conveniente, para la investigación de la verdad, y

VIII. Tanto la declaración, las preguntas y sus respuestas, serán asentadas en el acta respectiva, la que será firmada por todos aquellos que intervinieron en su desahogo.

Artículo 307 En los procedimientos ante los juzgados especializados en asuntos indígenas, o en cualquier otro, si el testigo no sabe el idioma Español, rendirá su declaración por medio de intérprete que nombrará el Juez.

Artículo 308 En el caso del artículo anterior, si el testigo o alguna de las partes lo pidiere, además de asentarse la declaración de aquél en Español, podrá escribirse por él o por el intérprete en el propio idioma o dialecto del testigo.

Artículo 309 Si el testigo fuere sordomudo, de los que pueden comunicarse con lenguaje no articulado, será asistido por intérprete que nombrará el Juez.

Artículo 310 Cuando el testigo se niegue a firmar el acta o a estampar su huella digital, según el caso, se hará constar tal circunstancia, lo que no impedirá produzca el valor que conforme a la Ley le corresponda a su testimonio.

Artículo 311 Quedan exceptuados de comparecer al Tribunal, los testigos que se encuentren en los casos especiales, que esta Ley prevé para la declaración de parte sobre hechos propios y ajenos, aplicándose en lo conducente las reglas para el desahogo de esa prueba.

Artículo 312 Los gastos que se causen a los testigos y los perjuicios que sufran por declarar, serán satisfechos por la parte que los hubiere propuesto, salvo lo que se decida sobre condenación en costas.

Artículo 313 Las partes sólo podrán presentar hasta dos testigos por cada hecho controvertido.

Artículo 314 Las partes, de creerlo procedente, podrán al concluir la diligencia de examen de los testigos, tacharlos exclusivamente cuando se refiera a la persona de los mismos, expresando las causas en que se fundan, emitiendo resolución hasta la sentencia definitiva. Los vicios que hubiere en los dichos de los testigos o en la forma de las declaraciones serán objeto de los alegatos.

Artículo 315 Presunción es la consecuencia que la Ley o el Tribunal deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido; la primera se llama legal y la segunda humana.

Artículo 316 Hay presunción legal:

I. Cuando la Ley la establece expresamente, y

II. Cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la Ley.

Artículo 317 Hay Presunción Humana cuando de un hecho debidamente probado, se deduce otro que es consecuencia lógica de aquél.

Artículo 318 El que tiene en su favor una presunción legal, sólo está obligado a probar el hecho en que se funda la presunción.

Artículo 319 No se admitirá prueba contra la presunción legal:

I. Cuando la Ley lo prohíbe expresamente, y

II. Cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una acción, salvo el caso en que la Ley haya reservado el derecho de probar.

Artículo 320 Las demás presunciones admiten prueba en contrario.

Artículo 321 Las presunciones humanas no servirán para probar aquellos actos que, según la Ley deban constar en una forma especial, salvo disposición de la Ley en otro sentido.

Artículo 322 Los interesados, al ofrecer la prueba de presunciones, deberán expresar con precisión los hechos de los que se deriven las conclusiones que constituyen aquellas.

Artículo 323 Para resolver conforme a la verdad, los jueces deben: valorar las pruebas de las partes, así como de aquéllas que se hayan decretado oficiosamente, conforme a las reglas contenidas en este Capítulo; en su defecto, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia o a la mayor convicción que produzca la confrontación de unas sobre otras.

En caso de duda, se atenderá a la conducta procesal de las partes.

Artículo 324 La valoración de las pruebas se hará procurando que la verdad real prevalezca sobre la verdad formal.

Artículo 325 Los hechos propios y ajenos afirmados por cualquiera de las partes ante la presencia judicial en actuación o en algún escrito, producen pleno valor probatorio en su contra sin necesidad de petición al respecto y contra ellos no se podrá rendir prueba alguna.

Artículo 326 La apreciación de existencia o inexistencia de los hechos notorios y sus efectos en el juicio, queda sujeta al arbitrio razonado del Juez.

Artículo 327 Las actuaciones nulas por defectos procesales, carecerán de valor salvo en la parte que contengan afirmaciones de cualquiera de las partes en lo que les perjudique.

Artículo 328 Los hechos propios o ajenos afirmados por las partes dentro de cualquier procedimiento ante autoridad jurisdiccional, producen pleno valor probatorio en su contra y respecto de ellos no se podrá rendir prueba en contrario.

Artículo 329 Las pruebas que para su apreciación exigieren conocimientos técnicos o científicos y que no tengan regla específica para su valoración, serán estimadas por el Juez, atendiendo al origen o fuente de la que provengan y a las reglas de la prueba, a la que más se asemeje.

Artículo 330 Con exclusión de las pruebas que contengan reglas específicas para su valoración; las que no requieran de conocimientos técnicos o científicos, serán calificadas por el Juez de acuerdo con la lógica, la experiencia y la sana crítica

Artículo 331 No tendrán valor las pruebas rendidas con infracción a lo dispuesto en este Código.

Artículo 332 Los hechos aceptados por persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento y sin coacción hacen prueba plena.

Artículo 333 La declaración de hechos propios o ajenos sólo produce efectos en lo que perjudican al que la hace y no en lo que le favorece.

Artículo 334 La aceptación ficta sobre hechos propios o ajenos, cuando no exista prueba en contrario, produce pleno valor probatorio.

Artículo 335 Los documentos públicos hacen prueba plena, salvo el caso de objeción demostrada.

Artículo 336 Las actuaciones judiciales hacen prueba plena.

Artículo 337 Los documentos privados provenientes de las partes, harán prueba plena cuando no fueren objetados, cuando no se pruebe la objeción o cuando fueren legalmente reconocidos.

Artículo 338 El reconocimiento de documentos realizado por el albacea, hace prueba plena, lo mismo que el reconocimiento efectuado por el heredero en lo que a él le concierne.

Artículo 339 Los documentos privados provenientes de extraños al juicio, no reconocidos ni objetados, constituyen indicio apto para que concatenado a otros funden una presunción.

Artículo 340 Los documentos privados provenientes de extraños al juicio reconocidos por su autor o autores, hacen prueba plena salvo que existan otras que la contradigan.

Artículo 341 El documento que presente un litigante prueba plenamente en su contra, en todas sus partes, aunque no lo reconozca.

Artículo 342 Los libros o instrumentos técnicos que contengan información de los comerciantes y que conforme a la Ley deben llevar, tendrán el valor probatorio que les asigne su normatividad específica.

Artículo 343 La inspección judicial hará prueba plena.

Artículo 344 El valor probatorio de los juicios periciales será estimado por el Juez, atendiendo al contenido de los dictámenes, la calidad de los peritos, entendiéndose como tal el grado académico, especialización y experiencia que tiene sobre la materia, de acuerdo a constancias de autos; así como las razones de éstos para sustentar su opinión, debiendo apreciar los matices del caso y todas sus circunstancias, sin más límite que el impuesto por la sana crítica, la lógica y la experiencia, para formarse una convicción respecto del que tenga mayor fuerza probatoria.

Artículo 345 El avalúo realizado por un solo perito designado por ambas partes, se tendrá como precio del bien valuado.

Artículo 346 Si cada parte nombra perito y los nombrados coinciden en el avalúo, éste será el precio del bien, pero sí entre los dictámenes hubiere diferencia menor de un diez por ciento, se tomará el promedio de ambos y si la diferencia fuere mayor, se practicará por el perito tercero en discordia uno nuevo, y el precio será el promedio de las tres tasaciones.

Artículo 347 La prueba testimonial será estimada por el Juez, atendiendo a las circunstancias siguientes:

I. Que respecto de cada hecho exista la declaración de dos testigos;

II. Que cada testigo conozca por sí mismo el hecho;

III. Que los testigos convengan en lo esencial del hecho, aunque difieran en los accidentes;

IV. Que la declaración de los testigos sea clara y precisa;

V. Que por su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales, no obstante su parentesco en los casos permitidos por la Ley, pueda presumirse la completa imparcialidad de los testigos, y

VI. Que no exista impedimento legal en el testigo.

Artículo 348 Un testigo hace prueba plena, siempre que las partes pasen por su dicho.

Artículo 349 La declaración de un testigo sin impedimento legal, que conozca por sí mismo el hecho sobre el que deponga y atestigüe de manera clara y precisa; constituye indicio apto para fundar presunción.

Artículo 350 Las presunciones “juris et de jure” hacen prueba plena en todo caso. Las presunciones “juris tantum”, hacen prueba plena mientras no se demuestre lo contrario.

Artículo 351 El Tribunal según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos, los indicios y el enlace más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciará discrecionalmente el valor de las presunciones humanas.

Artículo 352 La sentencia, al resolver la cuestión planteada, tratará de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas.

Artículo 353 El Juez, previo al análisis de la acción y de la excepción apreciará de oficio si quedaron satisfechas las condiciones generales y los presupuestos procesales a que refiere esta Ley, así como la existencia de violaciones cometidas en el procedimiento que afecten la defensa de las partes y deberá:

a).Si se trata de un presupuesto procesal de los que puedan subsanarse, prevendrá a la parte interesada, para que en cinco días proceda a satisfacerlo; si quien debe hacerlo es la parte actora y no cumple, el juicio será sobreseído y aquella será condenada en costas; en caso de ser la parte demandada quien adopte igual conducta, se apreciarán los hechos y circunstancias, tal y como aparezcan en los autos.

b).Ordenar la reposición del procedimiento, si no fue legalmente emplazado alguno de los interesados;

c).Si son de aquéllas que vician los actos concretos del procedimiento, ordenará la reposición de los mismos; hecho lo cual, se turnarán los autos al Juez para que pronuncie sentencia.

d).Si existe litisconsorcio pasivo necesario y no se hubiere demandado a todos aquéllos que lo integren, declarará improcedente la acción.

Artículo 354 Una vez subsanadas las omisiones y regularizado el procedimiento, se procederá a estudiar las reclamaciones, si las hubiere, observando las reglas siguientes:

a).Si la reclamación resulta fundada, pero la violación es de aquéllas cuya naturaleza no trasciende al fondo del negocio, así será declarado;

b).Si la reclamación resulta fundada, y la violación es de aquéllas cuya naturaleza pudiera afectar derechos procesales de las partes, que trasciendan al sentido del fallo, el Juez ordenará la recomposición del procedimiento, conforme a las reglas establecidas en este capítulo;

c).Cuando el Juez, en uso de las facultades que le confiere este Capítulo, hubiere ordenado la reposición de los actos procesales, en contra de los cuales se interpuso la reclamación, declarará ésta carente de materia, y

d).En el supuesto de que la reclamación resulte infundada, el Juez procederá al examen de las excepciones procesales.

Artículo 355 Si las excepciones procesales resultan fundadas, el Juez decretará la improcedencia de la acción y el sobreseimiento de la causa, dejando a salvo los derechos del actor, a no ser que la Ley disponga en otro sentido.

Si las excepciones resultan infundadas, el Juez decidirá el fondo del negocio.

Artículo 356 Para la redacción de las sentencias no se requiere forma especial; el juzgador podrá adoptar la que considere adecuada, sin perjuicio de la observancia de las reglas contenidas en este Capítulo.

Artículo 357 Las sentencias deberán contener:

I. El lugar y la fecha en que se dicten;

II. Los nombres de las partes y los de sus representantes y patronos;

III. La relación breve y sintética de los planteamientos formulados por las partes y que serán materia de estudio;

IV. La motivación y fundamentos legales del fallo, y

V. Los puntos resolutivos, que deberán ser congruentes con la parte considerativa.

Artículo 358 Para la debida fundamentación y motivación de la sentencia, el Juez, deberá citar las Leyes, jurisprudencias y principios generales que estime aplicables, y expresará los razonamientos que lo llevaron a la determinación de que el asunto concreto, encuadra en la hipótesis normativa por él invocada.

Artículo 359 El Juez deberá atender preferentemente a la pretensión real de las partes contenida en la demanda y en la contestación, con tal de que no se varíe la sustancia de los hechos.

Artículo 360 Cuando sean varios los puntos litigiosos, se hará la debida separación de cada uno de ellos.

Artículo 361 La sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la Ley y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Cuando el Juez resuelva ajustándose a los principios generales del derecho, deberá fijar los presupuestos, axiomas o directrices, necesariamente previstos expresa o implícitamente en una regla del sistema jurídico, de los cuales parte para inferir las consecuencias normativas que determine, teniendo la función

PRIMERO

El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el medio remoto de comunicación electrónica para la presentación de la inconformidad contemplada en los artículos 143 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y 103 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

SEGUNDO

Se establece como medio remoto de comunicación electrónica para la presentación de la inconformidad, contemplada en los artículos 143 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y 103 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, el portal web http://prointegridad.puebla.gob.mx/ el cual será operado, en el apartado de Inconformidades, por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de la Dirección Jurídica Contenciosa adscrita a la Coordinación General Jurídica.

TERCERO

La presentación de la inconformidad en el portal web, seguirá las mismas formalidades que se establecen en los artículos 143, 144, 145 y 146 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y 103, 104, 105 y 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

CUARTO

Para la presentación de la inconformidad en el portal web http://prointegridad.puebla.gob.mx/, las personas usuarias deberán requisitar el formulario incluido en el mismo, precisando la siguiente información:

1. Datos de la persona inconforme:

a) Tipo de persona (física o moral);

b) Nombre o razón social;

c) Registro Federal de Contribuyentes;

d) Domicilio para recibir notificaciones;

e) Código Postal;

f) Teléfono;

g) Correo electrónico;

h) Nombre de la persona representante legal o apoderada

2. Datos de la Autoridad convocante:

a) Unidad Administrativa;

3. Datos de la adjudicación:

b) Naturaleza de la adjudicación (Obra pública y servicios relacionados con la misma o Adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público estatal y municipal);

c) Forma de adjudicación (Licitación Pública, Concurso por Invitación, Invitación cuando menos a tres personas y/o Adjudicación Directa);

d) Número de procedimiento;

e) Tipo de recurso (estatal o federal);

f) Acto que reclama;

g) Fecha en que ocurrió el acto que se impugna o se tiene conocimiento

h) Tercero o terceros perjudicados, debiendo señalar su domicilio (Obligatorio solamente para inconformidades relacionadas con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla)

4. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de los hechos relativos al acto o actos que se impugnan.

Además, la persona inconforme deberá expresar sus agravios, acompañando de forma electrónica en documento escaneado, tanto sus medios de prueba como la documentación con la cual acredita la personalidad.

QUINTO

Una vez requisitado el formulario antes mencionado, la persona inconforme deberá utilizar como medio de identificación electrónica la firma electrónica avanzada, debiendo realizar la carga de:

a) Certificado Digital;

b) Llave privada, y

c) Clave de acceso

SEXTO

Habiendo realizado la carga de la información relacionada con la inconformidad y firmada electrónicamente, el sistema generará un recibo electrónico, el cual contendrá el nombre de la persona inconforme, la fecha de presentación del recurso y un folio asignado automáticamente por el sistema, con medidas de seguridad que permitan garantizar la autenticidad de su correcta presentación.

Cabe destacar que la recepción de la inconformidad por el medio electrónico de referencia, no obliga a la autoridad a la admisión del recurso señalado, pues para ello, deberán acreditarse los extremos legales.

El procedimiento será substanciado de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; así como la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

SÉPTIMO

Las inconformidades presentadas en el portal web http://prointegridad.puebla.gob.mx/, serán turnados a la Unidad Administrativa de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, cuya competencia derive de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; así como por el Reglamento Interior de la propia Dependencia.

NOVENO

La interpretación para los efectos administrativos del presente Acuerdo, así como la resolución de los casos no previstos en el mismo, corresponderá a la Coordinación General Jurídica de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Párrafo reformado DOF 22-08-1996, 13-11-2007, 29-01-2016

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

Párrafo reformado DOF 31-12-1994. Fe de erratas DOF 03-01-1995. Reformado DOF 07-02-2014, 17-06-2014, 29-01-2016

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

Párrafo reformado DOF 26-05-2015, 29-01-2016

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

Párrafo adicionado DOF 27-05-2015

Artículo reformado DOF 28-12-1982

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.

La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y

IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información.

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente.

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Artículo reformado DOF 28-12-1982, 27-05-2015

Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana;

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:

(a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales;

(b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

(c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;

(d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;

(e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

Artículo 124: Servidores públicos son las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección o nombramiento:

I. En el Estado.

II. En los Municipios del Estado.

III. En los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstos; y

IV. En fideicomisos públicos.

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la Ley.

Artículo 125: Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones; así como por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

II. Se impondrán, mediante juicio político, y conforme al procedimiento establecido en Ley, las sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza, al Gobernador del Estado, Diputados al Congreso Local, Auditor Superior, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como a los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por:

a) Violaciones graves a la Constitución del Estado.

b) Manejo indebido de fondos y recursos del Estado.

c) Actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el Juicio político por la mera expresión de ideas.

III. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.

Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las Leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;

IV. Para la aplicación de sanciones administrativas a los servidores públicos, se observará lo previsto en la Ley de la materia.

Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos, que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La Ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control estatales y municipales, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control estatales o municipales según corresponda.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en las Leyes respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

Para impugnar la calificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control, se observará lo previsto en la Ley de la materia.

Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la Ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales, municipales y demás de su competencia; y presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución;

IV Bis. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a las Haciendas Públicas estatal o municipales, o a los entes públicos locales o municipales.

Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.

También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a las Haciendas Públicas estatal o municipales, o a los entes públicos locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.

Las Leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones;

V. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones a que se refieren las fracciones anteriores, se desarrollarán autónomamente y no podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo;

VI. En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la confidencialidad y reserva de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La Ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información. La Auditoría Superior del Estado, la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del Control Interno y los órganos internos de control estatales y municipales, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada de combate a la corrupción del Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y en las Leyes respectivas;

VII. El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades competentes en el Estado y en los Municipios que lo integran en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

a) El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; el presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado; así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana.

b) El Comité de Participación Ciudadana del Sistema, deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la Ley; y

c) Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:

1. El establecimiento de mecanismos de coordinación con las autoridades que correspondan.

2. El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.

3. La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno.

4. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.

5. La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas;

VIII. La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción IV de este artículo. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.

La prescripción penal se regirá por las leyes aplicables.

No podrán concederse las gracias de indulto o conmutación de pena a los condenados por responsabilidad oficial.

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

Artículo 2. Son objeto de la presente Ley:

I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos;

II. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto;

Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto;

Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y V. Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá

II. Autoridad investigadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, encargada de la investigación de Faltas administrativas;

IX. Denunciante: La persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las Autoridades investigadoras a que se refiere la presente Ley, con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas administrativas, en términos de los artículos 91 y 93 de esta Ley;

XIV. Faltas administrativas: Las Faltas administrativas graves, las Faltas administrativas no graves; así como las Faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en esta Ley;

XV. Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde a las Secretarías y a los Órganos internos de control;

XVI. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos catalogadas como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas;

XVII. Faltas de particulares: Los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados con faltas administrativas graves a que se refieren los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal en los términos de la misma;

XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:

I. Los Servidores Públicos;

II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Artículo 5. No se considerarán Servidores Públicos los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado ni de los entes públicos en cuyas leyes de creación se prevea expresamente, sin perjuicio de las responsabilidades que establecen las leyes que los regulan.

Tampoco tendrán el carácter de Servidores Públicos los consejeros independientes que, en su caso, integren los órganos de gobierno de entidades de la Administración Pública Federal que realicen actividades comerciales, conforme a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, quienes podrán ser contratados como consejeros, siempre y cuando:

I. No tengan una relación laboral con las entidades;

II. No tengan un empleo, cargo o comisión en cualquier otro Ente público, ni en entes privados con los que tenga Conflicto de Interés;

III. Las demás actividades profesionales que realicen les permitan contar con el tiempo suficiente para desempeñar su encargo como consejero;

IV. El monto de los honorarios que se cubran por su participación en los órganos de gobierno no sean superiores a los que se paguen en empresas que realicen actividades similares en la República Mexicana, y

V. Cuenten, al menos, con los mismos deberes de diligencia y lealtad aplicables a los consejeros independientes de las empresas productivas del Estado. En todo caso, serán responsables por los daños y perjuicios que llegaren a causar a la entidad, derivados de los actos, hechos u omisiones en que incurran, incluyendo el incumplimiento a dichos deberes.

Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva;

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;

Fracción reformada DOF 12-04-2019

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución;

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general;

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones;

Fracción reformada DOF 19-11-2019

X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad;

Fracción adicionada DOF 19-11-2019

XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión;

Fracción adicionada DOF 19-11-2019

XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco por filiación hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, y

Fracción adicionada DOF 19-11-2019

XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano.

Fracción recorrida DOF 19-11-2019

La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la fracción XI de este artículo, deberá comprobarse mediante la exhibición de los instrumentos legales conducentes, mismos que deberán incluir una cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a haberse retirado del empleo, cargo o comisión.

Párrafo adicionado DOF 19-11-2019

Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley:

I. Las Secretarías;

Los Órganos internos de control;

Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos.

Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.

Artículo 92. Las autoridades investigadoras establecerán áreas de fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar denuncias por presuntas Faltas administrativas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente Ley.

Artículo 93. La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas administrativas, y podrán ser presentadas de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las Autoridades investigadoras, lo anterior sin menoscabo de la plataforma digital que determine, para tal efecto, el Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo 1: La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

Artículo 3: Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

XVIII. Servidores Públicos: Los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades Federativas y municipios que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

Artículo 23: Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:

I. Distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados;

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información

XXI. Medidas de seguridad administrativas: Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la identificación, clasificación y borrado seguro de la información, así como la sensibilización y capacitación del personal, en materia de protección de datos personales;

Artículo 16. El responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales. Marco normativo Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados CNDH Fecha de publicación: 26 de enero de 2017 Integrado por: Subdirección de Informática Jurídica Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo 17. El tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera.

Artículo 18. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.

El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en la ley y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, en los términos previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Artículo 19. El responsable no deberá obtener y tratar datos personales, a través de medios engañosos o fraudulentos, privilegiando la protección de los intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad.

Artículo 20. Cuando no se actualicen algunas de las causales de excepción previstas en el artículo 22 de la presente Ley, el responsable deberá contar con el consentimiento previo del titular para el tratamiento de los datos personales, el cual deberá otorgarse de forma:

I. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de voluntad del titular;

II. Específica: Referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas que justifiquen el tratamiento, e

III. Informada: Que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento a que serán sometidos sus datos personales.

Artículo 27. El aviso de privacidad a que se refiere el artículo 3, fracción II, se pondrá a disposición del titular en dos modalidades: simplificado e integral. El aviso simplificado deberá contener la siguiente información:

I. La denominación del responsable;

II. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del titular;

III. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá informar:

a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales, y

b) Las finalidades de estas transferencias;

IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular, y

V. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.

La puesta a disposición del aviso de privacidad al que refiere este artículo no exime al responsable de su obligación de proveer los mecanismos para que el titular pueda conocer el contenido del aviso de privacidad al que se refiere el artículo siguiente

Los mecanismos y medios a los que se refiere la fracción IV de este artículo, deberán estar disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para las finalidades o transferencias que requieran el consentimiento del titular, previo a que ocurra dicho tratamiento.

Artículo 6. Toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales. El Estado mexicano deberá garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información contenida en los archivos, así como fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la Nación.

Artículo 12. Los sujetos obligados deberán mantener los documentos contenidos en sus archivos en el orden original en que fueron producidos, conforme a los procesos de gestión documental que incluyen la producción, organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición documental y conservación, en los términos que establezcan el Consejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables.

Los órganos internos de control y sus homólogos en la federación y las entidades federativas, vigilarán el estricto cumplimiento de la presente Ley, de acuerdo con sus competencias e integrarán auditorías archivísticas en sus programas anuales de trabajo.

Artículo 13. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de control y de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles; y contarán al menos con los siguientes:

I. Cuadro general de clasificación archivística;

II. Catálogo de disposición documental, y

III. Inventarios documentales.

La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los niveles de fondo, sección y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que existan niveles intermedios, los cuales, serán identificados mediante una clave alfanumérica.

Artículo 14. Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, los sujetos obligados deberán contar y poner a disposición del público la Guía de archivo documental y el Índice de expedientes clasificados como reservados a que hace referencia la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en el ámbito federal y de las entidades federativas.

Artículo 3: Son Sujetos Obligados y por lo tanto Responsables para efectos de la presente Ley:

I. El Poder Ejecutivo, sus Dependencias y Entidades;

Artículo 5: Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

VIII. Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, medios o actividades desproporcionadas;

XXV. Medidas de Seguridad Administrativas: Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la seguridad de los Datos Personales a nivel organizacional, la identificación, clasificación y borrado seguro de los Datos Personales, así como la sensibilización y capacitación del personal en materia de protección de Datos Personales;

Artículo 15: El Responsable deberá tratar los Datos Personales en su posesión con estricto apego y cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ley, la Orden Jurídico Poblano 18 legislación mexicana que resulte aplicable y, en su caso, el derecho internacional, respetando los derechos y libertades del Titular. En adición a la obligación anterior, el Responsable deberá sujetarse a las facultades o atribuciones expresas que la normativa aplicable le confiera.

Artículo 18: El Responsable deberá abstenerse de tratar los Datos Personales a través de medios engañosos o fraudulentos, privilegiando, en todo momento, la protección de los intereses del Titular y su expectativa razonable de protección de Datos Personales, entendida como la confianza que deposita el Titular en el Responsable respecto a que sus Datos Personales serán tratados conforme a lo señalado en el Aviso de Privacidad y en cumplimiento a las disposiciones previstas en la presente Ley.

Artículo 19: Para los efectos del artículo anterior, se entenderá que el Responsable actúa de forma engañosa o fraudulenta cuando:

I. Medie dolo, mala fe o negligencia en el Tratamiento de Datos Personales que lleve a cabo;

II. Realice un Tratamiento de Datos Personales que dé lugar a una discriminación injusta o arbitraria contra el Titular, o

III. Vulnere la expectativa razonable de protección de Datos Personales.

Artículo 20: El Responsable deberá obtener el Consentimiento del Titular para el Tratamiento de sus Datos Personales, salvo que se actualice alguna de las siguientes causales de excepción:

I. Cuando los Datos Personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el Titular y el Responsable;

Artículo 35: El Aviso de Privacidad se pondrá a disposición del Titular en dos modalidades: simplificado e integral.

Artículo 1: Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de observancia general y obligatoria en el Estado de Puebla y sus municipios.

El presente ordenamiento contempla los principios establecidos en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier sujeto obligado.

Artículo 2 Los sujetos obligados de esta Ley son:

I. El Poder Ejecutivo, sus Dependencias y Entidades;

Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

XXX. Servidores Públicos: Los mencionados en el artículo 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás disposiciones legales aplicables;

Artículo 10. La presente Ley tiene como objetivos:

I. Garantizar el derecho de las personas de tener acceso en términos de esta Ley a la información pública en poder de los sujetos obligados;

II. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente;

III. Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos;

IV. Regular los procedimientos para la obtención de información pública y establecer las instancias ante las cuales se diriman las controversias que resulten de su aplicación;

V. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los sujetos obligados;

VI. Favorecer la rendición de cuentas a la población, de manera que se pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados de manera objetiva e informada;

VII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región;

VIII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia;

IX. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan;

X. Mejorar la organización, clasificación, archivo y actualización de la información, y

XI. Contribuir a la democratización y plena vigencia del Estado de Derecho.

Artículo 11: Los sujetos obligados que generen, obtengan, manejen, archiven o custodien información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Toda la información en poder de los sujetos obligados estará a disposición de las personas interesadas en los términos y plazos de esta Ley, salvo aquélla que se considere como información reservada o confidencial.

El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga información pública será sancionado en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 12: Para cumplir con la Ley, los sujetos obligados deberán:

I. Publicar y mantener en sus sitios web, la información a que se refiere el Título Quinto de la presente Ley, fácilmente identificable y en la medida de lo posible hacerla accesible mediante formatos abiertos que permitan su reutilización e interoperabilidad;

II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia;

III. Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y Accesibles;

IV. Difundir proactivamente información de interés público;

V. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna;

VI. Responder a las solicitudes de acceso en los términos que establece la presente Ley;

VII. Constituir y actualizar sus sistemas de archivo y gestión documental, en los términos previstos en la legislación aplicable;

VIII. Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones y que por Ley deba quedar asentado en algún registro;

IX. Reportar al Instituto de Transparencia sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los términos que éstos determinen;

X. Establecer los procedimientos necesarios para la clasificación de la información de acuerdo con las disposiciones de esta Ley;

XI. Asegurar la protección de los datos personales en su posesión con los niveles de seguridad adecuados previstos por la normatividad aplicable;

XII. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;

XIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realice el Instituto de Transparencia y el Sistema Nacional;

XIV. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos;

XV. Cumplir las resoluciones y recomendaciones del Instituto de Transparencia;

XVI. Capacitar a su personal en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, y

XVII. Las demás que se deriven de la normatividad vigente.

Artículo 1. La presente Ley establece las bases para la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal.

Las secretarías, así como las unidades administrativas que dependan directamente del Gobernador del Estado y funjan como órganos auxiliares del mismo, integrarán la Administración Pública Centralizada. A todas ellas se les denominará genéricamente como dependencias.

Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos, las comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el estado, diversos de los otros poderes y de los órganos constitucionalmente autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal. A estas unidades administrativas se les denominará genéricamente como entidades. Las mismas podrán ser agrupadas por el Gobernador en sectores en los términos previstos en la presente Ley y conforme a las disposiciones correspondientes.

Artículo 3. Para el despacho de los asuntos que le competen, el Gobernador se auxiliará de las dependencias y entidades en términos de lo previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y las demás disposiciones jurídicas aplicables, las cuales deberán actuar siempre apegadas a legalidad y con pleno respeto a los derechos humanos.

Artículo 13. Cada dependencia o entidad tendrá al frente a un titular que se auxiliará, para el despacho de los asuntos de su competencia, de los servidores públicos previstos en las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Cuando el titular de una dependencia o entidad se ausente del estado hasta por quince días hábiles, se encargará del despacho de los asuntos el servidor público que determine el reglamento interior correspondiente.

En caso de que el titular de una dependencia o entidad se ausente por más de quince días hábiles o cuando por alguna otra circunstancia una dependencia o entidad no cuente con su titular, se podrá designar un encargado de despacho para el desahogo de los asuntos, en los mismos términos que prevé la ley para el nombramiento del titular respectivo.

Artículo 23. Las secretarías tendrán igual rango y entre ellas no habrá preeminencia jerárquica alguna. Cuando para la atención de algún asunto exista duda respecto de la competencia de las dependencias, el Gobernador decidirá a cuál de ellas le corresponderá atenderlo.

Artículo 27. La estructura orgánica de cada dependencia será determinada por el Gobernador en el reglamento interior correspondiente.

Artículo 30. Sin perjuicio de las que esta Ley prevé para cada una de las secretarías, en forma general contarán con las siguientes facultades:

VII. Organizar y fomentar las investigaciones relacionadas con las materias de su competencia

Artículo 31. Para el estudio, planeación y despacho de los negocios de los diversos ramos de la Administración Pública Centralizada del Estado, el Gobernador se auxiliará de las siguientes dependencias:

IV. Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Artículo 35. A la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XI. Recibir y atender, directamente o a través de los órganos de control, las quejas o denuncias que presenten los particulares en contra de los servidores públicos por incumplimiento en sus obligaciones o con motivo de acuerdos, convenios o contratos que celebren con las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, de acuerdo con las normas establecidas para tal efecto;

XXVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Estatal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en el ordenamiento en materia de responsabilidades administrativas del estado, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Estatal o por los adscritos a la Secretaría, para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer, en su caso, la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables. La Secretaría podrá ejercer la facultad de atracción de aquellos asuntos cuyo conocimiento corresponda a los órganos internos de control;

Artículo 1: El presente ordenamiento tiene por objeto proveer en la esfera administrativa la estructura orgánica de la Secretaría, así como establecer las atribuciones que ejercerá cada una de las unidades administrativas que la componen.

Artículo 2: La Secretaría como Dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, es responsable del control interno de la Administración Pública y, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente le confieren la Ley Orgánica, las demás leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, convenios y sus anexos vigentes, así como las que le encomiende la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Artículo 5: Para el estudio, planeación, programación y despacho de los asuntos de su competencia y ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría y la persona Titular se auxiliarán y contarán con la siguiente estructura orgánica, la cual se conforma de las siguientes unidades administrativas:

III. 2 Dirección de Atención a Quejas y Denuncias;

Artículo 7: Para la mejor atención y desahogo de los asuntos a su cargo y el debido cumplimiento de los principios que rigen el servicio público, la persona Titular de la Secretaría y quienes estén a cargo de las unidades administrativas de la misma, deberán observar las siguientes directrices:

I. Ejercer sus atribuciones dentro del territorio del Estado de Puebla, observando los derechos fundamentales, con sujeción a las leyes; reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y sus anexos; órdenes y circulares de carácter general; así como las demás disposiciones legales y administrativas que incidan en la competencia de la Secretaría;

II. Prestar sus servicios en equidad, sin distinción, exclusión, restricción, discriminación por condición social, cultural, física y/o mental, nivel educativo, género, edad, origen étnico, lengua, situación de explotación, migratoria y en abandono, entre otras;

III. La representación, trámite y resolución de los asuntos que legalmente corresponden a las personas titulares de las unidades administrativas de la Secretaría, serán ejercidos conforme al límite de competencias que derivan de este Reglamento;

IV. Cuando disposiciones diversas contenidas en reglamentos, leyes, acuerdos o convenios se dirijan a la Secretaría, las personas Servidoras Públicas que pertenezcan a sus unidades administrativas y cuya competencia participe en el cumplimiento de dichas disposiciones, deberán actuar en consecuencia, sin necesidad de previo acuerdo de la persona Titular de esta Dependencia;

V. La persona Titular de la Secretaría y de las unidades administrativas de la misma, podrán delegar a las personas Servidoras Públicas subalternas cualesquiera de sus atribuciones, excepto aquellas que por disposición legal o reglamentaria o por acuerdo de la persona que sea su superior jerárquica, deban ser ejercidas directamente por ellas;

XI. Las personas Servidoras Públicas adscritas a la Secretaría deberán integrar y custodiar, durante los plazos previstos en las disposiciones legales y normativas aplicables, los expedientes, la documentación, información, registros y datos, aún los contenidos en medios electrónicos, que en el ejercicio de sus atribuciones generen, obtengan, administren, manejen, archiven o custodien, de conformidad con los ordenamientos vigentes; impidiendo o evitando la utilización indebida, la sustracción, destrucción u ocultamiento de la misma por cualquier medio no autorizado.

Artículo 10. Las personas titulares de las unidades administrativas de la Secretaría serán auxiliadas por el personal técnico y administrativo que se requiera para el ejercicio de sus facultades, de acuerdo con la estructura orgánica aprobada de conformidad a los nombramientos respectivos y a la disponibilidad presupuestal que se autorice conforme a las normas respectivas.

Artículo 12. La persona Titular de la Secretaría para el despacho de los asuntos de su competencia, tendrá las atribuciones siguientes:

XVI. Fomentar en el ámbito de su competencia la participación ciudadana y social en aquellos asuntos que sean de interés público;

XXXII. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de las personas Servidoras Públicas e instruir su investigación, así como la substanciación de los procedimientos correspondientes y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, determinar la suspensión temporal de la persona presunta responsable, de su empleo, cargo o comisión, si así conviene a la conducción o continuación de las investigaciones instrumentando las acciones que procedan conforme a la ley de la materia, y, en su caso, promover el cobro de las sanciones económicas impuestas a las personas Servidoras Públicas;

Artículo 22. La persona Titular de la Subsecretaría de Responsabilidades dependerá jerárquicamente de la persona Titular de la Secretaría y además de las atribuciones generales señaladas en el artículo 13 de este Reglamento tendrá las siguientes:

X. Coordinar la recepción de las quejas y denuncias que se presenten en contra de las personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal y ordenar, en su caso, su remisión a los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades, o a la unidad administrativa competente de la Secretaría para el desahogo de las actuaciones respectivas, en términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades y demás disposiciones que correspondan;

Artículo 24. La persona Titular de la Dirección de Atención a Quejas y Denuncias dependerá jerárquicamente de la persona Titular de la Subsecretaría de Responsabilidades y además de las atribuciones generales señaladas en el artículo 15 de este Reglamento tendrá las siguientes:

I. Recibir las quejas y denuncias presentadas a través de los medios legalmente establecidos para tal efecto, en contra de los actos y omisiones relacionadas con responsabilidad administrativa de las personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal y particulares;

II. Turnar las quejas y denuncias a los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades, o a la Unidad Administrativa que corresponda y en el ámbito de su competencia llevar a cabo el seguimiento respectivo hasta su conclusión, manteniendo informado a la persona quejosa o denunciante sobre el trámite respectivo cuando así lo solicite y la normativa aplicable lo determine;

III. Remitir a los Órganos Internos de Control de los demás Poderes del Estado, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos del Estado, la Federación o de otras Entidades Federativas, aquellas quejas o denuncias que sean de la competencia de dichas instancias;

PRIMERO

El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los medios para la recepción de denuncias presentadas por actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cometidas por personas servidoras públicas estatales o por actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.

SEGUNDO

Para los efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

a) Denuncia: A la manifestación de actos u omisiones, en los que presuntamente se encuentran involucradas personas servidoras públicas estatales, en ejercicio de sus funciones, o por probables actos de personas físicas o morales vinculados con faltas administrativas graves;

b) Denunciante: A la persona física o moral o la persona servidora pública que acude ante la Instancia Receptora, con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas administrativas, en términos de los artículos 91 y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

c) Dependencias y Entidades: A las establecidas en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;

d) Dirección: A la Dirección de Atención a Quejas y Denuncias de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno;

e) Instancia Receptora: A las Unidades Administrativas de la Secretaría, con atribuciones para recibir denuncias presentadas a través de los medios establecidos, como son la Dirección de Atención a Quejas y Denuncias, los Órganos Internos de Control, la Dirección de Análisis de Información, el Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ésta última por incumplimiento de las obligaciones o por inobservancia de la ley por parte de las personas servidoras públicas de la Secretaría; en términos de lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno;

TERCERO

La Secretaría establece como medios de recepción de denuncias los siguientes:

a) Buzón;

b) Comparecencia;

c) Correo electrónico;

d) Escrito;

e) Módulo;

f) Plataforma web;

g) Vía telefónica, y

h) Visitas, Inspecciones, Revisiones.

DÉCIMO

PLATAFORMA WEB: A la ubicada en la dirección electrónica www.prointegridad.puebla.gob.mx, a través de la cual el Denunciante hace de conocimiento hechos que pudieran constituir faltas administrativas, permitiéndole adjuntar medios de prueba relacionados con la denuncia.

DÉCIMO TERCERO

Las personas servidoras públicas, adscritas a las Instancias Receptoras, brindarán orientación a la ciudadanía en la formulación de denuncias.

DÉCIMO CUARTO

La denuncia debe contener al menos la siguiente información:

1.- Datos del Denunciante:

a) Nombre, respetando el derecho a presentar denuncias de manera anónima, y

b) Datos de contacto, como pueden ser dirección, teléfono, correo electrónico.

2.- Datos de Identificación de la persona servidora pública denunciada:

a) Nombre;

b) Cargo que desempeña;

c) Lugar de adscripción (dependencia o entidad);

d) De no contar con los anteriores, proporcionar cualquier otro dato que facilite su identificación, como media filiación, que podrá consistir en: sexo, estatura, complexión, edad aproximada, color de ojos, piel, cabello, tipo de boca, nariz y señas particulares, y

e) En su caso, color de uniforme con sus particularidades y descripción del vehículo, como puede ser color, placas de circulación, marca, modelo.

3.- Trámite o servicio que originó la denuncia.

4.- Narración de los hechos, se redactará en primera persona, evitando incluir apreciaciones subjetivas, vagas e imprecisas.

5.- Recibir cualquier otro medio de prueba que sea proporcionado por el Denunciante, que permita advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas.

6.- Al término del acta que se elabore con motivo de la denuncia, se asentará nombre y firma de la persona servidora pública facultada para su recepción y del Denunciante, en los casos que proceda.

DÉCIMO SÉPTIMO

La Instancia Receptora, una vez que haya atendido la denuncia, informará al Denunciante sobre el trámite respectivo.

DÉCIMO NOVENO

La atención inmediata constituye una modalidad relacionada con trámites o servicios, que por sus características son factibles de atender o solucionar a través de un procedimiento sencillo y ágil.

VIGÉSIMO

La orientación, se considerará en aquellas situaciones en que se brinde información a la ciudadanía respecto de la ubicación de oficinas públicas, números telefónicos, direcciones electrónicas o localización de personas servidoras públicas; así como la atención de un planteamiento particular, relacionado con trámites o servicios competencia de las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal…